Proyecto de ley busca que ONG transparenten el origen de sus ingresos para prevenir y fiscalizar conflictos de intereses
Según el Catastro de Organizaciones de Interés Público, en Chile existen 42.592 organizaciones registradas y hasta el momento solo se les exige que den a conocer anualmente su balance contable, mas no de dónde provienen sus fondos.
Por Camila Luengo
El oficio, presentado por el diputado Miguel Ángel Calisto, se encuentra en su primer trámite constitucional. Agencia UNO/Archivo
Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) son instituciones sin fines de lucro dedicadas a la realización de objetivos sociales o de interés público. Sin embargo, existen ONG con un gran poder de lobby, con contratación de equipos jurídicos y millonarias campañas comunicacionales, contra actividades productivas del país que ponen en tela de juicio el origen de sus fondos.
Según el Catastro de Organizaciones de Interés Público (OIP), a la fecha en Chile existen 42.592 organizaciones registradas, las que actualmente por ley no están obligadas a informar de dónde proviene su financiamiento, lo que podría propiciar a conflictos de interés, encubrimiento de actividades ilícitas, tráfico de influencia, entre otras situaciones irregulares.
Respondiendo a la continua necesidad de más transparencia, publicidad, probidad y una mejor regulación en las relaciones entre entidades privadas y públicas, el diputado Miguel Ángel Calisto presentó un proyecto de ley que modifica normas legales para establecer la obligatoriedad de que las ONG, nacionales e internacionales, informen de dónde provienen sus ingresos y su mecanismo de financiamiento.
“Hoy vemos en muchos debates parlamentarios y públicos un rol muy activo por parte de las ONG. Un rol de bastante injerencia e influencia en el debate legislativo y la opinión pública. Y así como se exige a los parlamentarios transparencia respecto de quiénes financian sus campañas; nosotros consideramos fundamental que opere el mismo mecanismo para aquellos que ejercen una fuerte influencia en el debate público, como lo son las ONG”, explicó a EL DÍNAMO el diputado por la región de Aysén.
El parlamentario aclaró que en ningún caso esto es una persecución en contra de las ONG. “Yo, en general, valoro tremendamente el aporte que hacen; el aporte técnico, la entrega de antecedentes, que muchas veces son tremendamente relevantes para los debates legislativos. Pero es fundamental que las ONG informen quiénes las financias para saber si efectivamente no es la competencia comercial de Chile la que está detrás de ellas”, señaló.
Según Calisto, estas dudas se fundamentan en las fuertes críticas que las ONG han levantado hacia proyectos que tienen relaciones con actividades económicas importantes para el país, como lo son la minería y la salmonicultura.
“Estas son suposiciones, en ningún caso tengo certeza de eso ¿y por qué? Porque no sé quiénes son los que financian a las ONG y por eso lo que se busca a través de este proyecto de ley es transparentar el origen de los recursos que financian a las ONG y así brindar mayor seguridad al país”, aseveró.
Finalmente, el diputado reitero que “es absolutamente legítimo que las ONG puedan operar, porque estamos en un sistema democrático, pero tal cual como existen restricciones para que los parlamentarios reciban o no recursos de privados, es necesario transparentar quiénes son los que están detrás de las ONG ya que son un actor relevante para la opinión pública”.
