El 14 de octubre del 2024, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte recibió una denuncia en contra de Manuel Monsalve por presunto abuso sexual. La denunciante había asistido acompañada de Cecilia Frei, la jefa de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a constatar lesiones en el Servicio Médico Legal.
Exactamente un año ha pasado desde que la denuncia de abuso sexual y violación contra el ex subsecretario del Interior, se concretara. El caso, aún en la agenda pública y judicial, abrió el debate respecto al manejo institucional, tanto a nivel mediático como de protección a la denunciante, quien trabajaba en la subsecretaría bajo las órdenes de Monsalve.
Así el poder y las temáticas de género se tomaron uno de los escándalos más importantes en la historia reciente de nuestro país.
“Más de 70 funcionarios leyeron la denuncia de la víctima con detalles el 17 de octubre, horas después de que se publicó la portada de La Segunda, como quien lee el horóscopo en el diario“, dice a EL DÍNAMO Pablo Basadre, periodista y autor del libro Monsalve: La historia de la caída del subsecretario del Interior, quien sostiene que el Ministerio Público incurrió en prácticas “irregulares” desde el principio.
En ese sentido, el autor recuerda que “son los funcionarios públicos los que tienen la obligación, por ley, de mantener la reserva de las investigaciones y el cuidado por quienes se atreven a denunciar“, en lo que, a su juicio, ha sido “una desprolijidad de parte del Ministerio Público” en varios pasajes de la investigación.
Que se le haya solicitado nueve veces a Monsalve su testimonio al igual que la tardanza en profundizar aspectos básico del relato de las partes fue una demostración de esta sobreexposición y desprolijidad: “Nunca le preguntaron a la víctima dónde, cuándo y cómo había conocido al subsecretario. La pregunta vino después, en una segunda declaración que le tomaron, donde ella tuvo que ir a aclarar estos hechos y otros que Monsalve puso en cuestionamiento”.
Con el proceso judicial abierto, el caso se mantiene en una zona gris entre la investigación formal y la exposición pública, una frontera borrosa que podría tener consecuencias profundas para las víctimas de este tipo de casos.
El consentimiento bajo presión y el juicio social
En contextos de poder, con Monsalve siendo el jefe directo de la víctima, el consentimiento no es espontáneo. Así lo explica la psicóloga forense y académica de la Facultad de Psicología de la UDP, Carolina Valenzuela.
“Hay un concepto que en la jurisprudencia chilena, tanto en laboral como en penal, que habla del consentimiento viciado, que tiene que ver con cuando tú dices que sí a una situación, pero porque no ves la posibilidad de decir que no“, explica Valenzuela a EL DÍNAMO.
Bajo el escenario laboral hay tres elementos que debe tener el consentimiento: “tiene que ser libre“, operando sin ningún tipo de presión interna o externa, considerando incluso lo implícito dentro de una relación; “tiene que ser pleno“, en conciencia y voluntad; y por último “tiene que ser informado“, es decir, en condiciones de igualdad.
Por lo mismo, la psicóloga forense indica que “cuando hay una relación asimétrica de poder es muy difícil que se cumpla“.
Pero más allá del proceso judicial, la psicóloga subraya el impacto del llamado “enjuiciamiento social“: el escrutinio que sufren las víctimas cuando sus casos se han públicos, sobre todo en la naturaleza que tiene la denuncia contra Monsalve, como una figura prominente a nivel país. “La persona a quien más afecta, en este caso y en cualquier otro es la víctima porque se ven expuestas al fenómeno“, explica Valenzuela.
La denunciante junto a su familia no quisieron participar en este artículo, según respondió a EL DÍNAMO su abogada María Elena Santibáñez, quien también rechazó entregar declaraciones.
Un año de la denuncia contra Monsalve: entre la justicia y la opinión pública
El caso Monsalve expuso con crudeza la tensión entre los tiempos judiciales y los mediáticos. Con el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago extendiendo por 30 días el plazo de investigación del ex subsecretario, la Fiscalía demorará aún más en acusar a Monsalve.
“Una vez que la fiscalía acuse, debe prepararse el juicio. Tengo la impresión de que esto último —el juicio mismo— no pasará este año sino que en 2026“, teoriza Pablo Basadre.
La medida preocupa a la defensa de la denunciante, con Santibáñez asegurando a los medios que espera que “se pueda cerrar la investigación lo más pronto posible, porque una justicia tan lenta, evidentemente, tiende a perjudicar a todos los interesados de este caso, en particular a quien estoy representando“.
A un año de la denuncia, el caso sigue dividiendo opiniones, pero también abriendo un espacio de reflexión sobre cómo se interpretan los episodios de violencia sexual que involucran figuras públicas. Entre el ruido mediático y el silencio psicológico, el desafío que plantea el caso sigue siendo el mismo que se ha arrastrado hace años: entender sin juzgar y proteger sin exponer.
