La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la modificación al artículo 114 de la Ley 18.290 correspondiente a la Ley del Tránsito que busca eliminar las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas.
La iniciativa obtuvo 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones. Al contar con indicaciones, el proyecto deberá volver a su comisión técnica antes de continuar su tramitación.
De acuerdo a la normativa que se tramita en el Congreso, el cambio central propuesto modifica la Ley de Tránsito, que hoy clasifica como infracción grave el uso de autopistas sin el dispositivo electrónico habilitado, aplicando una multa equivalente a una UTM.
La iniciativa propone eliminar esta sanción y, además, suprimir la regla que permite cobrar una multa por cada día calendario, la que impedía acumular más de una infracción diaria por esta misma causa.
Durante el debate, quienes respaldaron la propuesta afirmaron que el sistema actual genera deudas desproporcionadas para los automovilistas, ya que las multas por circular son TAG pueden llegar a $70.000, cifra muy superior al costo del peaje asociado al tránsito realizado.
Agregaron que las concesionarias podrán mantener los mecanismos de cobro administrativo por tarifas impagas, sin necesidad de sanciones económicas adicionales.
Sin embargo, también hubo reparos, ya que los detractores calificaron el proyecto como una medida populista, señalando que una obligación sin castigo pierde efectividad.
Junto a ello manifestaron preocupación por un posible aumento en la evasión del pago y por el impacto que esto podría tener en el modelo de concesiones, considerado un pilar para el financiamiento de la infraestructura vial del país.
El Gobierno en tanto advirtió que la propuesta podría volver “inviable” el funcionamiento del sistema Free Flow, uno de los pilares del modelo de concesiones.
Según planteó el Ejecutivo, eliminar las multas obligaría a reinstalar barreras o casetas para asegurar el cobro, además de aumentar la incobrabilidad, lo que podría forzar al Estado a cubrir los déficits mediante subsidios o renegociaciones de contratos. También se verían afectados los ingresos municipales, que hoy dependen de parte de estas multas, y crecería el riesgo para los inversionistas, lo que terminaría encareciendo futuros proyectos.
Debido a lo anterior, las autoridades indicaron que la medida favorecería “a una minoría infractora”, mientras que el costo recaería en contribuyentes que ni siquiera utilizan las autopistas, rompiendo el principio de “el que usa, paga”.
El proyecto continuará su análisis en la comisión correspondiente, en un contexto donde el debate evidenció que el tema de fondo no es únicamente el cobro del TAG, sino la viabilidad del modelo de concesiones que financia y opera gran parte de la infraestructura vial del país.
