Uno de los temas que ha causado polémica en el mundo político y en la opinión pública durante los últimos días ha sido la denominada norma de “amarre” que ingresará el Gobierno en la ley de reajuste al sector público, la cual restringe los despidos de funcionarios.
En detalle, la indicación innova en la materia de despidos de funcionarios públicos agregando un requisito extra: sólo podrán ser removidos a través de “acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.
En este marco, el economista y y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, ha calculado que cerca de 380 mil funcionarios a contrata se verían beneficiados por esta indicación.
Respecto a los funcionarios que han ingresado durante este Gobierno, serían 32.767 los que quedarían “blindados”, según la estimación que realizó el centro de estudios Horizontal en base al Informe Trimestral de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
La percepción de la ciudadanía sobre la polémica “ley de amarre” de funcionarios públicos
Bajo este contexto, la encuesta Black & White abordó la controversia que ha causado el “amarre” y reveló que el 71% está en desacuerdo con la norma que limita el despido de funcionarios públicos.
En concreto, el sondeo que se llevó a cabo entre el 22 y 23 de diciembre evidenció que a la mayoría (71%) le parece mal la medida, cuya percepción aumenta entre hombres, y también a medida que aumenta la edad y GSE.
Siguiendo en esa línea, el 69% está más de acuerdo con el presidente electo José Antonio Kast y su equipo, en su acusación de que se trata de un intento de “amarrar activistas y operadores políticos” del actual Gobierno de Gabriel Boric.
