El Congreso despachó este miércoles la nueva Ley de Inteligencia del Estado, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara por 107 votos a favor y tres abstenciones, en una tramitación de más de siete años.
La iniciativa, que se originó en un mensaje del ex presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2018, era parte de la agenda de seguridad de la administración de Gabriel Boric, que la impulsó a través de las indicaciones que presentó el Ejecutivo en enero de 2023.
Al abordar la aprobación del proyecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró que “la comisión mixta hizo un esfuerzo para arribar a un acuerdo amplio para aprobar una ley moderna respecto al sistema de inteligencia que cumpla con todos los estándares democráticos y de derechos humanos“.
Quiénes integrarán el sistema de inteligencia del Estado
La nueva Ley de Inteligencia del Estado tiene como propósito regular el sistema de inteligencia del Estado, con el propósito de afrontar los riesgos, amenazas y agresiones que puedan afectar la seguridad nacional.
Además, los integrantes del sistema no podrán realizar labores ni utilizar inteligencia o contrainteligencia para fines distintos a los establecidos en la ley.
En concreto, el sistema de inteligencia del Estado lo integrarán:
- La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
- La Dirección de Inteligencia de la Defensa del Estado Mayor Conjunto.
- Las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
- Las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
A estas instancias se sumarán la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los servicios de Aduanas y de Impuestos Internos y la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores en calidad de organismos colaboradores.
Qué cambios incluye la nueva Ley de Inteligencia del Estado
Entre otros ítems, la nueva Ley de Inteligencia del Estado norma el accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden en materia de inteligencia, incluyendo la definición de sus objetivos.
Además, regula los métodos de obtención de información y define los organismos obligados a entregarla, así como el tratamiento de datos personales y sensibles y el manejo de información secreta.
A la vez, establece los procedimientos para las autorizaciones judiciales en este ámbito, así como las sanciones para quienes vulneren los mecanismos y límites fijados por la ley.
Por otra parte, el control externo de la correcta aplicación de la normativa recaerá en la Contraloría General de la República (CGR), los tribunales de justicia y la Cámara de Diputados, en el marco de sus respectivas competencias.
La ley también ordena a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea elaborar e implementar un sistema de auditoría en cada institución, a fin de registrar las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios que determinen. En esa línea, establece norma de denuncia frente a eventuales irregularidades o delitos.
