La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que da cuenta que se detectó una serie de irregularidades en la respuesta al megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en 2024, donde la empresa San Nicolás SpA se encuentra bajo la lupa por sobreprecios millonarios en contratos con la Delegación Presidencial de la zona.
Cuando los incendios forestales afectaron a la región en febrero de 2024, la entonces delegada presidencial Sofía González (actual diputada electa del PC), suscribió seis contratos con la empresa para arriendo de maquinaria pesada. Producto al contexto de emergencia, la contratación se realizó vía trato directo por un monto total de $6.725.655.566.
No obstante, en el informe del ente contralor se cuestionó esta operación, ya que no hubo una evaluación de la idoneidad técnica y estableció que San Nicolás SpA no tenía vehículos ni personal a su cargo al momento de suscribir los contratos, por lo que de manera informal subcontrató la totalidad de los servicios.
En la investigación del organismo también se advirtieron pagos duplicados por casi $400 millones y posibles sobreprecios de hasta un 220%, respecto de servicios equivalentes.
Sumado a ello, se estableció que la sociedad se adjudicó contratos por demolición de viviendas con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), percibiendo ingresos totales por $8.252 millones entre ambos organismos públicos.
San Nicolás SpA, la empresa que está bajo la lupa tras informes de Contraloría por megaincencio en Valparaíso
Dentro de los puntos que llaman la atención, es que a pesar de sus millonarios ingresos, San Nicolás SpA solamente pagó $3 millones en concepto de cotizaciones entre enero de 2023 y marzo de 2025, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones. Lo anterior, se debe a que la empresa figura con apenas tres trabajadores, ya que todos los servicios que le prestaron a la Delegación Presidencial de Valparaíso y al MOP fueron tercerizados.
Detrás de San Nicolás se encuentra Pedro Briones González (43 años), quien entregó las cotizaciones a la delegación. No obstante, formalmente como dueños de la sociedad está su hija, Catalina Jara Briones (24 años), y Tomás Avilés Tillería (20 años). Según Interferencia, Avilés fue el representante legal de la empresa ante la DPR.
De esta forma, con sólo 19 años firmó los millonarios contratos por los servicios de arriendo y operación de maquinaria.
Según consignó Ex-Ante, la empresa se constituyó en marzo de 2021 y su domicilio se ubica en la comuna de Coronel. Sin embargo, durante una visita en terreno que realizó Contraloría, no se logró dar con la dirección y trabajadores de otras empresas aseguraron no conocer a esa compañía.
Respecto a los contratos suscritos con la Delegación y en las facturas emitidas, se apunta a dos domicilios en la comuna de Concepción. No obstante, se constató que en dichas direcciones funciona un centro de estética y una oficina contable. Sumado a ello, no cuenta con patente comercial en esas comunas.
Los otros contratos de San Nicolás SpA con el Estado
Esta no es la única vez que la empresa ha recibido ingresos del Estado, ya que cuenta con cerca de 35 contratos con el Gobierno. De acuerdo a Ex-Ante, el primero de ellos fue suscrito en julio de 2023 con la Delegación Presidencial del Biobío, que estaba bajo el mando de Daniela Dresdner (FA), quien autorizó un trato directo por $205 millones para la construcción de 100 fosas sépticas en Tomé. Lo anterior, a raíz de los incendios forestales que afectaron al lugar.
Dicha delegación continuó autorizando una veintena de contratos sin licitación con la sociedad. ¿El último? en noviembre de 2025 por $528 millones. La delegación de O’Higgins también ha suscrito contratos con San Nicolás, por montos que superan los $400 millones.
