El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció que avanzará en el cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), poniendo el foco en aquellos morosos con mayores ingresos.
La medida fue detallada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que no todos los deudores “son desvalidos” y que existe un grupo específico cuya deuda representa un alto costo fiscal.
“La vamos a ir a cobrar y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio Ejecutivo, que incluye embargos”, advirtió el secretario de Estado durante el Seminario Económico 2026 “La primera lectura de un nuevo ciclo”.
Según explicó Quiroz, el énfasis estará en quienes perciben ingresos superiores a $1,5 millones mensuales. “Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de US$800 millones”, sostuvo.
Además, la autoridad identificó un grupo más acotado: “Hay 1.800 personas en Chile, morosas del CAE, que tienen sueldos brutos por arriba de $5 millones de pesos mensuales. Y suman en total una deuda no pagada al fisco de US$20 millones”, detalló.
Cómo el Estado puede exigir el cobro del CAE: las herramientas legales para perseguir a morosos
De acuerdo con la académica Flavia Cilveti, de la Universidad de los Andes, una vez que el crédito entra en mora y se activa la garantía estatal, la deuda pasa a ser exigible por el fisco a través de la Tesorería General de la República.
“El Estado sí cuenta con facultades suficientes para perseguir el cobro del CAE, particularmente respecto de deudores con capacidad de pago”, enfatizó.
En ese sentido, explicó que existen tanto mecanismos administrativos como judiciales. “Se puede ejercer cobranza administrativa y judicial, incluyendo retención de devoluciones de impuestos, compensaciones e incluso embargos y remates de bienes”, indicó.
Si el Estado decide avanzar por la vía judicial, puede iniciar juicios ejecutivos, un procedimiento que permite exigir el pago forzado de la deuda. “En el fondo, el deudor es requerido de pago, y si no paga ni opone excepciones legales dentro del plazo establecido, se procede directamente a la ejecución. O sea, se traba el embargo y, eventualmente, se realiza el remate de los bienes”, explicó la experta.
El ministro Quiroz también apuntó a una falta de acción en años previos, señalando que desde 2017 no se han impulsado cobros efectivos contra los deudores, y que actualmente solo el 40% de quienes accedieron a este tipo de financiamiento cumple con sus pagos.
