Gobierno presenta reforma Procesal Civil y al sistema de nombramiento de jueces

El presidente Sebastián Piñera explicó que la reforma Procesal Civil es la continuación de una iniciativa que presentó durante su primer Gobierno y que fue rechazada en la Cámara.

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El nuevo sistema de nombramiento de jueces del Gobierno crea una comisión especial para elegirlos. PRESIDENCIA
El nuevo sistema de nombramiento de jueces del Gobierno crea una comisión especial para elegirlos. PRESIDENCIA
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En La Moneda y acompañado de varios ministros de Estado, el presidente Sebastián Piñera presentó dos nuevos proyectos que ingresará su Gobierno al Congreso. El primero es una nueva reforma Procesal Civil, mientras que la segunda iniciativa busca modificar el sistema de nombramiento de jueces.

La reforma Procesal Civil es una continuación del proyecto Código Procesal Civil que buscó tramitar Piñera durante su primer Gobierno. Aquella normativa fue rechazada por la sala de la Cámara de Diputados.

Al respecto, el mandatario afirmó que su propuesta generará una mayor cobertura, “pasando de 136 a 164 comunas del país donde el ciudadano o ciudadana contará con servicios de justicia civil en su misma comuna”.

“Con el nuevo procedimiento civil existirá una disminución en los tiempos de tramitación de 60% en el caso de los procedimientos ordinarios y de un 87% en el caso de los sumarios”, agregó Piñera.

La reforma Procesal Civil también pretende aumentar el número de jueces en un 76%, instaurar una nueva línea de atención al público para generar mediaciones y disminuir los costos de los usuarios con procedimientos que se pueden adoptar sin contar con un abogado, entre otras medidas.

El nuevo sistema de nombramiento de jueces

Piñera también presentó la reforma al sistema de nombramiento de jueces, propuesta que surge de una mesa de trabajo interinstitucional convocada por el Ministerio de Justicia.

El objetivo de esta reforma, de acuerdo al mandatario, es transparentar y priorizar la meritocracia en la designación de jueces y “fortalecer la independencia interna de los mismos, cerrando los espacios de discrecionalidad de los superiores jerárquicos”.

Para lograrlo, la normativa elimina la facultad de las Cortes de elaborar las ternas para enviar al presidente, ya que es en esta fase donde puede “producirse la mayor discrecionalidad e impacto en la independencia judicial”. Se sustituye por concursos públicos regulados, con resultados vinculantes.

En paralelo, se creará la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales que “regulará y dirigirá los procesos de selección y realizará el nombramiento por medio de una resolución colegiada y fundada”. 

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