Caracterizar al adversario no es un gesto trivial. La etiqueta elegida puede determinar si será tratado como un contrincante legítimo o como una amenaza que debe ser contenida y, por tanto, qué respuestas parecerán legítimas frente a él.
Aplicadas al gobierno actual, expresiones como “la trampa de la ultraderecha” o “la amenaza de la ultraderecha” identifican a un enemigo, definen el conflicto e incorporan la condena en el propio término. Además, invierten la carga de la prueba: si el señalado se modera, se sospecha que oculta sus intenciones; si responde con dureza, se considera confirmada la acusación.
Para tener valor analítico, un concepto debe permitir hacer distinciones. En este caso, “ultraderecha” debe diferenciar las distintas corrientes de la derecha e identificar rasgos que no puedan atribuirse con la misma facilidad a la izquierda. Los argumentos utilizados en la arena política (que es distinta de la académica) no superan esa prueba.
El primer criterio son las posiciones “marcadamente conservadoras”. Sin un límite claro, “marcadamente” sólo significa “más conservador de lo que yo considero aceptable”. Además, confunde las ideas defendidas con la forma de defenderlas: lo antidemocrático no es sostener una posición conservadora, sino desconocer las reglas cuando esa posición pierde.
El segundo criterio es dar relevancia al orden y la autoridad, situando la seguridad por encima de casi cualquier otro objetivo. Sin embargo, esa prioridad no revela por sí sola una vocación autoritaria, especialmente cuando responde a una preocupación central de la ciudadanía. El límite democrático no está en buscar seguridad, sino en los medios utilizados para alcanzarla.
El tercer criterio es el nacionalismo, expresado en la defensa de la identidad nacional frente a la migración y los organismos internacionales. Efectivamente, el nativismo es un rasgo propio de la derecha radical, pero exige distinciones: controlar las fronteras no equivale a considerar a todo migrante una amenaza, ni cuestionar organismos internacionales es una posición exclusiva de la derecha.
El cuarto criterio es una “relación conflictiva con la democracia liberal”, pero rara vez se define con precisión. Sin un límite claro, cualquier cuestionamiento puede presentarse como autoritarismo. Incluso si el acusado respeta las reglas, puede afirmarse que sólo lo hace para ocultar sus verdaderas intenciones. Así, ninguna conducta permite refutar la acusación.
El sesgo se revela cuando esos mismos criterios no se aplican con igual rigor a la izquierda. En Chile existen sectores que defienden la dictadura cubana o que, durante la primera Convención Constitucional, estuvieron dispuestos a quebrar el orden institucional, sin que por ello recibieran de los suyos la etiqueta de “ultraizquierda”. Si la preocupación fuera realmente la democracia, se juzgaría con la misma severidad.
Esto no significa que no exista una derecha peligrosa. Existe, y precisamente por eso importa nombrarla con rigor. La discusión no es si la democracia tiene enemigos: los tiene a ambos lados. La pregunta es por qué la alarma, el escrutinio y la condena preventiva se reservan para un sector, mientras las acciones del otro se observan con indulgencia e incluso se incorpora a sus representantes al gobierno.
