La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un impuesto a los llamados súper ricos, como parte del proyecto de exenciones tributarias para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Ante esta situación, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, anunció reserva de constitucionalidad.
Se trata de un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, cuyos patrimonios superen los cinco millones de dólares o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año calendario.
Para efectos de establecer si el patrimonio de una persona natural supera el monto señalado, se sumará el patrimonio de sus relacionados y el patrimonio propio se computará a continuación del de aquellos.
Se consideran como relacionados con una persona natural, su cónyuge o conviviente civil y sus hijos no emancipados legalmente. Estos últimos, por su parte, considerarán como relacionados a sus padres.
“A nuestro juicio y por las razones que se han explicado, no se cumplen las reglas de la Constitución”, remarcó en este contexto el ministro Ossa.
Por su parte, el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, puntualizó que se ingresaron indicaciones que son inconstitucionales, en directa alusión al impuesto a los súper ricos. Frente a ello, explicó que esto “obliga al Gobierno a tener que ir al Tribunal Constitucional”.
La autoridad agregó que, en el Senado, les están solicitando la fusión de los proyectos sobre exenciones y PGU. Si eso ocurre, explicó, los chilenos verán retrasados sus pagos, hecho que dijo es parte de sus preocupaciones.
“Lo que pasó en esta sesión no fue un buen paso. Si nosotros como Gobierno tuvimos alguna responsabilidad, lo lamento”, remarcó.
