La abogada Lidia Casas fue designada por el Gobierno como candidata para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el período comprendido entre los años 2024 y 2027.
La candidatura de la profesional de la Universidad Diego Portales fue determinada en última instancia por el presidente Gabriel Boric y la canciller Antonia Urrejola.
Para ello se tuvo presente que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “exigen de las y los comisionados una ‘alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos’“, según precisó el ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.
La Cancillería reveló que la decisión es fruto de un “proceso inédito” que recogió “experiencias comparadas y algunas recomendaciones de organizaciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos en el continente“.
También se puntualizó que en el análisis de los perfiles candidatos, que tuvieron en cuenta el equilibrio de género y la representación regional, participaron “en calidad de observadores” el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez.
La candidata
Lidia Casas tiene una trayectoria profesional de más de veinte años de docencia vinculada al derecho internacional de los derechos humanos.
Cuenta con múltiples publicaciones académicas dedicadas a la investigación de la violencia contra las mujeres, acceso a la justicia y género, y discriminación. Se ha desempeñado como codirectora del Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y directora del Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal -sin representar a sus propios países-, tiene el mandato de promover la observación de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia.
