“Una limitación de libertades que no se había visto”. Con esas palabras el expresidente Gabriel Boric se refirió ayer a la propuesta del Gobierno de crear un nuevo estado de excepción de hasta 240 días, en el marco de la reforma constitucional de seguridad que este miércoles cumplió su segundo día de tramitación en el Senado.
Boric hizo el comentario en la presentación del libro del exministro de Hacienda Mario Marcel, donde llamó a la oposición a mantener una postura “franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme” frente a la iniciativa.
El expresidente respaldó además la línea argumental que había desplegado días antes su exministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien el sábado calificó la reforma de “efectista” y cuestionó que se habilite la interceptación de comunicaciones en barrios completos mientras se mantiene el secreto bancario, lo que a su juicio configura un “sesgo clasista”.
Hoy, Elizalde subió la apuesta. En conversación con Radio Duna, el ex ministro y expresidente del Senado, aseguró que la propuesta es “la primera reforma explícitamente iliberal que plantea el Gobierno del Presidente Kast”.
Sobre el nuevo estado de excepción en particular, sostuvo que “no va a ser la justicia (…) la que va a interceptar un teléfono para investigar a un criminal. Va a ser el Gobierno el que va a poder escuchar las conversaciones de personas, muchas de las cuales, la mayoría, son ciudadanos honestos que no tienen ningún vínculo con el delito”.
Y remató: “Es un espacio fértil para eventuales abusos (…) esto finalmente es una prueba para nuestra democracia”.
Los descuelgues en Chile Vamos
Pero la resistencia no es solo de la oposición. En el oficialismo, el rechazo al nuevo estado de excepción se ha ido ampliando desde que la reforma ingresó el lunes con suma urgencia.
Ayer fueron el senador Miguel Ángel Becker (RN) y Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, quienes expresaron sus reparos: Becker pidió que las Fuerzas Armadas y las policías sean consultadas antes de ejecutar el instrumento, mientras Kaiser advirtió que la herramienta “limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos” y anticipó que su partido buscará “ponerle cotos” en la tramitación.
Ese rechazo se profundizó este miércoles. La senadora Vanessa Kaiser, hermana de Johannes Kaiser y también militante del PNL, anunció en Radio13c que no está disponible para aprobar el proyecto tal como está redactado: “no me parece que sea apoyable”, señaló, y cuestionó que varias de las materias incluidas debiesen resolverse por ley y no por reforma constitucional.
A esa lista se sumó el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.
En conversación con Radio Duna, el senador acusó falta de diálogo previo con los parlamentarios de su propia coalición y afirmó que el proyecto, tal como llegó al Senado, otorga al presidente atribuciones que “lindan con algo tremendamente peligroso en un Estado de Derecho”.
Cruz-Coke, además, reveló que consultó al ministro José García Ruminot sobre el trabajo prelegislativo previo a la reforma y que este le confirmó que la iniciativa no pasó por la Segpres, sino que fue elaborada directamente por el Ministerio de Seguridad.
“Este cambio enorme, la verdad que lo que está haciendo, es ponerle el sistema cuesta arriba al Gobierno con los propios”, sostuvo.
El senador independiente Matías Walker, integrante de la bancada de Evópoli, mantiene su rechazo de plano desde el lunes, cuando calificó la iniciativa de “demencial” y advirtió en redes sociales que “así mueren las democracias”.
Falta de coordinación entre el Gobierno y oficialismo
Según supo EL DÍNAMO, hasta el cierre de esta edición, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, no se ha reunido hasta ahora con las bancadas oficialistas en el Senado para abordar los reparos que ha generado la reforma de seguridad en su segundo día de trámite.
La única instancia de acercamiento, registrada este martes, fue una cita del biministro Claudio Alvarado con los senadores UDI. En ella buscó contener el malestar del partido insistiendo en que la reforma es “perfectible” durante su tramitación en el Congreso.
El cálculo de votos sigue siendo la principal preocupación de La Moneda.
Al tratarse de una reforma constitucional, el Gobierno necesita 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara de Diputados, el equivalente a 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. Sumando solo a Chile Vamos y al Partido Republicano, el Ejecutivo cuenta con 24 senadores, cifra que sube a 26 si se suman los apoyos ya comprometidos de Vanessa Kaiser —previo a su declaración de este miércoles— y de Walker, hoy en franca oposición al proyecto.
La reforma de seguridad, que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), ya fue revisada en general por la comisión de Constitución del Senado y ahora deberá pasar también por las comisiones de Seguridad y Defensa, esta última abocada específicamente al artículo que crea la figura del Oficial General a cargo de las zonas bajo estado de excepción. Por ahora no hay fecha de votación para ninguna de las tres comisiones.
