Este domingo se entregaron los resultados de una nueva encuesta Cadem, la que consultó sobre el polémico derrumbe de las llamadas “narco-casas“, medida que es impulsada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.
Según el sondeo, la acción -que ha mantenido al jefe comunal enfrentado con el Gobierno- alcanzó un 82% de respaldo. Por otro lado, un 16% de los encuestados afirmó que estaba en desacuerdo con esta política.
Además, la aprobación del presidente Gabriel Boric llegó al 30%, cinco puntos menos que la semana pasada, marcando un quiebre en el alza y la estabilidad que había mostrado durante el mes de marzo. La desaprobación alcanzó el 65%, cinco puntos más que la encuesta anterior.
Sobre los indultos, el 71% de los consultados se mantiene en desacuerdo con la decisión presidencial. Además, 59% cree que el mandatario sí tenía a la vista todos los antecedentes penales de quienes fueron indultados.
Proceso constituyente
Además de abordar el derrumbe de las narco-casas y la aprobación presidencial, la encuesta Cadem analizó el proceso constituyente, que continuará con la elección de los consejeros el próximo 7 de mayo.
De acuerdo al sondeo, el 70% dice que tiene poco o nada de interés en las noticias relacionadas con el nuevo proceso, 28 puntos más que en febrero, frente a 11% (28 puntos menos) que tiene mucho o bastante interés.
Con la información disponible, un 44% dijo hoy que votaría en contra de la propuesta constitucional frente al 34% que la aprobaría.
Pese a ello, 65% (3 puntos más) está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución y la confianza en que el nuevo consejo constitucional logrará proponerle a Chile una Constitución que sea votada a favor aumentó 7 puntos a 45%.
Reforma a las pensiones
La encuesta también consultó sobre la reforma a las pensiones, de la cual un 52% dijo estar poco o nada informad, 7 puntos más que en diciembre pasado, versus 17% (cinco puntos más) que está muy informado y 31% que está algo informado.
Junto con esto, un 43% dice estar en desacuerdo con la reforma presentada y 38% la respalda.
En el detalle, un 41% de los encuestados consideró que una reforma previsional debe comenzar por asegurar una Pensión Básica Universal (PGU) de 250 mil pesos financiada por el Estado, 28% dijo que por aumentar la cotización de los trabajadores en 6% que sea pagado por los empleadores y 26% por un servicio público del Estado que reemplace a las AFPs en la atención, administración y pago de pensiones.
Por el manejo de los fondos, 53% cree que el 6% de cotización adicional debería ir en su totalidad a la cuenta personal del trabajador y 79% prefiere que las personas puedan elegir si los fondos previsionales son administrados por una institución estatal o una AFP.
