Durante la tarde de ayer la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la petición de desafuero interpuesta contra el diputado Sergio Bobadilla (UDI) ante una denuncia puesta en su contra por el eventual delito de injurias graves con publicidad en contra de la periodista Josefa Barraza.
El tribunal de alzada —en fallo dividido— determinó que el legislador emitió “claramente expresiones proferidas o acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de la querellante” en contra de la profesional en su cuenta de X (antes Twitter).
En consecuencia, el foro parlamentario del diputado será suspendido para someterlo a juicio en caso de que la Corte Suprema ratifique el fallo de primera instancia.
Si así fuera el caso, Bobadilla se sumaría a la extensa lista de parlamentarios desaforados en el actual periodo legislativo (2022-2026).
La actual legislatura, de hecho, se encamina a ser la que tiene el récord de diputados desaforados.
Récord en desafueros
Hasta la fecha, a cuatro diputados se les ha quitado el fuero parlamentario para ser sometidos a un proceso judicial: María Luisa Cordero (IND-RN), que fue sometida a juicio por el delito de injurias contra la senadora Fabiola Campillai en 2023; Mauricio Ojeda (IND-Republicano), que es acusado por delitos de corrupción el marco del Caso Convenios; Francisco Pulgar (IND), acusado del delito de violación; y Catalina Pérez (ex Frente Amplio), acusada de delitos de corrupcicónen el caso Democracia Viva.
Ad portas del desafuero están: Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas), acusado por el CDE de fraude al Fisco y que su desafuero será revisado por la Corte Suprema; y Joaquín Lavín JR (ex UDI), a quien el Ministerio Público le imputa los delitos de tráfico de influencia y fraude al Fisco, por lo que ya pidió su desafuero.
A ellos se suma el caso de la diputada Marcela Riquelme (ex FA), quien fue denunciada y recientemente se le presentó una querella por presunto abuso sexual. Si bien el Ministerio Público no ha dado señales de avanzar en un desafuero contra la parlamentaria, si es que se formulan cargos, será el paso natural a seguir.
En ese caso, el total de diputados desaforados sería de 8, el más abultado desde el retorno a la democracia.
La cifra marcaría un récord en la Cámara, ya que podría superar la legislatura 2002-2006 cuando cinco diputados fueron desaforados por el llamado caso “Coimas” —Víctor Rebolledo González (PPD), Eduardo Lagos Herrera (PRSD), Juan Pablo Letelier Morel (PS), Jaime Jiménez Villavicencio (PDC), Cristián Pareto Vergara (PDC); y Mario Escobar (Ind. ex UDI), por el delito de estafa; junto a Carlos Hidalgo González (Ind. RN), quien fue investigado producto de la investigación penal en su contra respecto de la situación de la empresa Egas S.A.
En ese periodo, en total, fueron 7 los diputados desaforados. Además, dos senadores —Jorge Lavanderos y Nélson Ávila— corrieron la misma suerte.
La cifra es especialmente alta tomando en consideración de que desde 1990 a 1998 no hubo desafueros, pese a ciertas peticiones —como la que se hizo contra Evelyn Matthei en 1993 por el “kiotazo”, pero que fue denegada—; y que en las siguientes legislaturas, a excepción de la 2002, no se registraron más de 4 desafueros.
Los sueldos de diputados y equipos que se siguen pagando
Otro aspecto relevante de los desafueros son los recursos que la Cámara sigue desembolsando en sueldos de diputados, asignaciones y pagos a sus respectivos equipos parlamentarios.
Por concepto de sueldos, la Cámara desembolsa $7.348.983 a cada diputado, pese a que no pueda ejercer sus labores parlamentarias.
Asimismo, el pago al equipo de asesores se mantiene, a pesar de que estos no puedan ejercer labores legislativas ni de coordinación debido al impedimento del parlamentario de asistir a sesiones o cumplir otras tareas relacionadas a la labor parlamentaria.
Según la última actualización del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, los diputados pueden distribuir $6.739.794 entre sus asesores, según estimen conveniente.
Sin embargo, esta cifra puede aumentar significativamente mediante el traspaso de hasta un 40% de los $4.615.005 asignados para gastos operacionales, además de los reajustes anuales. Es decir, por regla general se termina pagando más de lo que la asignación inicial indica.
En marzo de este año, EL DÍNAMO corroboró que los asesores parlamentarios estaban impedidos de cumplir sus tareas y que ninguna de las reparticiones de la Cámara estaba fiscalizando el cumplimiento de los contratos.
Eso, según pudo averiguar este medio a través de consultas a asesores y diputados, no ha cambiado debido a que no se han dictado nuevas normas administrativas respecto al trabajo de los asesores.
Asimismo, el proyecto para regular el pago de sueldo a diputados desaforados sigue durmiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara.
