Un duro golpe, y el primero desde que asumió como ministra de la Segpres, sufrió esta semana Macarena Lobos, luego que la Cámara de Diputados rechazara la multa asociada el voto obligatoria en el contexto de la tramitación del proyecto que regula el sufragio para las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre de este año.
Si bien la ministra tenía un acuerdo para que el proyecto se aprobase con votos del oficialismo y oposición, a último momento se cayó el entendimiento lo que provocó el rechazo del corazón de la iniciativa por parte de las bancadas del oficialismo.
Las versiones sobre el responsable del rechazo a la indicación varían según a quien se le pregunte.
En la coalición gobernante apuntan al presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN) quien fue el responsable de la negociación por el lado de las fuerzas opositoras al Gobierno. Según las bancadas del oficialismo, la ministra Lobos alcanzó un acuerdo en el Senado para aprobar el proyecto presentado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas) —que tiene multa y “voto voluntario” para extranjeros en el padrón electoral— y, a la vez, tramitar una reforma que eleve los años de requisitos para que los avecindados en Chile Voten.
Sin embargo, Castro —según el oficialismo— habría desconocido el trato al decir que ambos proyectos no estaban relacionados, lo que habría decantado en el rechazo por falta de quórum.
En la oposición, en cambio, acusan a que esto último fue una excusa y que el oficialismo apunta a dejar el voto sin multa por “cálculo electoral”.
Las trabas que deberá sortear Lobos
Sea como sea, a la ministra Lobos le espera una dura —y extenuante— negociación para cumplir con el mandato constitucional de endosar una multa al voto obligatorio.
Desde ya, se da por sentado que tras la tramitación en el Senado, la Corporación forzará una comisión mixta para llegar a una última negociación en donde bancadas que no tienen gran representación en la Cámara Alta —el Frente Amplio, por ejemplo— puedan gravitar en el debate. A eso, se suma que el oficialismo apunta a hacer cumplir a la oposición el acuerdo de elevar los años de requisito para que los extranjeros voten, norma que en todo caso se implementaría recién en 2028.
Ese panorama, representará un duro escollo para la titular de la Segpres que quedó sin piso tras comprometer el apoyo de los partidos afines al Gobierno en la Cámara y finalmente no lograrlo.
Por otro lado, voces tanto del oficialismo como de la oposición apuntan a que, con el rechazo en la Cámara Baja, el estado de las negociaciones volvieron a fojas cero.
“En el Senado vamos a partir de cero, tanto respecto del rol y la decisión que vamos a tomar en la oposición, como también evidentemente el rol que le corresponde a la Ministra Lobos. Creo que lo que no puede ocurrir es que le digamos a los chilenos que el voto es obligatorio, pero que no tiene multa, porque evidentemente no hay obligatoriedad sin una sanción”, asegura a EL DÍNAMO la senadora Paulina Núñez (RN).
Y añade: “La decisión que se tome en el Senado, espero que sea como se legisla aquí normalmente, sin esa extrema fragmentación política que existe en la Cámara y sin una calculadora en mano, pensando que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina”.
El senador Juan Ignacio Latorre (FA), por su parte, apunta a la necesidad de rebajar el monto máximo de la multa que está fijado en los $206 mil en el proyecto discutido.
“La multa tiene que ser razonable, de acuerdo a los estándares de vida, los salarios que hay en Chile, los salarios reales, el costo de la vida, y no pueden ser desproporcionadas. Pero es importante que existan multas: ese es un principio”, dice Latorre.
A eso, añade que “otro principio es que yo también estoy convencido de que al presidente de la República lo deben elegir los ciudadanos chilenos, y que las personas extranjeras residentes en Chile no deben tener derecho a votar para elegir presidente de la República ni parlamentarios. El estándar internacional indica —en la gran mayoría de los países— que las personas extranjeras residentes pueden votar solo en elecciones de carácter local: alcaldías, concejalías, municipales. Pero no eligen presidente de la República ni parlamentarios”.
