El Ministerio de Hacienda dispuso, a través del proyecto de la Ley de Presupuesto de 2026, una rebaja de más de $500 en los reembolsos que otorga el Fisco por cada voto obtenido en una elección, conocidas como las platas políticas.
En la actualidad, la Ley N° 19.884 sobre financiamiento, gasto y transparencia electoral establece el pago de $1.535 (0,04 UF) al candidato por cada voto que consiga en una elección, mientras que los partidos obtienen $575 (0,015 UF) por cada voto que reciben los postulantes que militan en su colectividad.
No obstante, el Ejecutivo, a través de la Dirección de Presupuestos, propuso una reducción de esos reembolsos a $998 para los candidatos y $383 para los partidos.
Como las rendiciones de gastos y solicitudes de financiamiento fiscal necesitan del visto bueno del Servel para su aprobación, los montos se liberan al año siguiente y siempre forman parte del Presupuesto del año entrante.
Consecuencias por la rebaja en reembolso de platas políticas
Como las campañas presidenciales y parlamentarias ya están en curso, los distintos candidatos asumieron diversos compromisos económicos y algunos pudieron créditos con la expectativa de pagarlos con el reembolso de las platas políticas.
En esa línea, el cambio propuesto por el Ministerio de Hacienda sobre la rebaja en el reembolso de las platas políticas generó molestia tanto entre el oficialismo como en la oposición.
Al abordar el tema, La Tercera indicó que, por ejemplo, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) pidió tres créditos que suman $95 millones y tendría que sacar más de 95 mil votos para pagar esos préstamos y no quedar endeudado.
Por su parte, el presidente del Partido Republicano y candidato a senador, Arturo Squella, pidió a la banca $150 millones, por lo que tendría que recibir más de 150 mil sufragios para evitar la deuda.
De acuerdo con lo detallado por el citado medio, entre los candidatos más complicados por el tema se cuentan Andrés Longton (RN), María José Hoffmann (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Constanza Hube (UDI), Carolina Marzán (PPD), Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (Frente Amplio), María Fernanda Villegas (PS), José Miguel Insulza (PS), Beatriz Sánchez (Frente Amplio) y Gustavo Gatica (independiente PC).
El mayor cuestionamiento a la glosa incorporada en la Ley de Presupuesto es que a través de ella se intenta modificar una ley orgánica constitucional, que posee un rango jurídico mayor y de carácter permanente.
Al justificar el cambio en el monto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau dijo que “los parámetros de ese financiamiento, es decir, cuánto se iba a pagar por voto, se calculó con una cantidad de votos que estaba asociado al voto voluntario. Y lo que ocurre con el voto obligatorio es que vota mucha más gente“.
