Este martes el Gobierno de Gabriel Boric ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reajuste anual al sector público, incluyendo la polémica norma de “amarre” pese a las críticas que ha generado tanto en la oposición como en la misma alianza oficialista.
En el artículo 96 de la iniciativa —que a estas alturas ha sido catalogada como una ley miscelánea del empleo público— hace mención a la nueva norma que, de aprobarse, endurecerá los requisitos para remover el personal a contrata.
“La no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”, dice el proyecto.
El proyecto, continúa, señalando que “se exige la notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad”.
Con esa última disposición, la confianza legítima pasaría al articulado legal, pese a que la Contraloría determinó que la materia es propia de tribunales.
Norma de “amarre” sin piso
Si bien el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que una vez se ingresara el proyecto la valoración de los parlamentarios del proyecto iba a cambiar, lo cierto es que la norma que finalmente quedó plasmada en la iniciativa es prácticamente idéntica al protocolo que fue criticado.
En conversación con Tolerancia Cero, Grau reconoció que “es difícil” que la norma se apruebe, pero que “es importante dar esa discusión y además yo por lo menos voy a hacer algo, aunque sea contra el sentido común en este momento, y es defender la función pública”.
Antes del ingreso, parte del oficialismo ya había expresado sus críticas al proyecto impulsado por el Gobierno. De hecho, la bancada de independientes-PPD notificó al Ejecutivo que no estarán sus votos para aprobar dicha norma.
“Este es el último gran error del gobierno del Presidente Gabriel Boric. No tiene ningún sentido que a pocos meses del término gobierno, cuando ya hay un Presidente electo, se plantee una norma como esta”, dijo hace unas semanas a EL DÍNAMO el jefe de bancada de diputados PPD, Raúl Soto.
Otras críticas: monto del reajuste y ley miscelánea
El proyecto también cristaliza el 3,4% de reajuste comprometido con el sector público, cifra que había sido cuestionada por el desajuste fiscal que produciría para el próximo gobierno.
Tras el ingreso de la iniciativa a la Cámara, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que “nosotros no vamos a aprobar normas que no estén debidamente financiadas. El gobierno solamente resguardó y provisionó US$600 millones y se requieren más de US$1.200 millones”.
Asimismo, el parlamentario cuestionó la cantidad de disposiciones y el carácter misceláneo del proyecto que, en teoría, debería fijar sólo los criterios para el reajuste de remuneraciones del sector público.
“El gobierno rompió el récord porque presentó una ley de reajuste con 124 normas, cosa que no habíamos visto nunca. Muchas de esas normas están desfinanciadas (…) Es interesante que el gobierno entienda que la próxima administración va a tener que asumir muchos recursos, casi un billón de pesos”, acotó Sauerbaum.
