La decisión del 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago de absolver a Claudio Crespo en el Caso Gustavo Gatica, a pesar de acreditar que dejó ciego al ahora diputado electo, provocó un nuevo quiebre en el oficialismo, con acusaciones mutuas entre los diversos partidos políticos por el apoyo dado en su momento a la promulgación de la Ley Naín-Retamal.
Esta norma legal, que se puede aplicar de manera retroactiva y que presume racional en el uso de la fuerza, incluyendo sus armas de fuego, en ciertas situaciones de agresión ilegítima, fue clave para que el ex teniente coronel de Carabineros fuera exculpado de apremios en contra de Gustavo Gatica.
Esto hizo que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista apuntaran en contra del Partido Socialista por el respaldo que le entregó a la Ley Naín-Retamal para que fuera despachada por el Congreso.
La diputada Daniela Serrano (PC), declaró que “la ley Naín-Retamal solo ha servido para darle impunidad a aquellos que no tienen pavor alguno para cegar a un manifestante en clara violación a sus derechos humanos. Nos parece incomprensible que pese a que se haya acreditado la autoría de Crespo en la agresión a Gustavo, se justifique su actuar en la legítima defensa privilegiada”.
En tanto, desde el Frente Amplio dieron a conocer una declaración pública para recalcar que “hoy se confirman las advertencias y reflexiones críticas que como Frente Amplio expresamos durante la tramitación de la Ley Naín-Retamal y que nos llevó a rechazar, entre otros aspectos, la legítima defensa privilegiada”.
En vista de estos ataques, desde el PS respondieron indicando “las críticas formuladas por el Frente Amplio y el Partido Comunista hacia quienes aprobaron la Ley Naín-Retamal no solo resultan injustas, sino también infundadas y oportunistas”.
En esta línea, recordaron que la cuestionada ley, usada a favor de Claudio Crespo, fue impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric y destacada entre las 1.000 obras de su administración.
“Esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el Frente Amplio. Fue el gobierno del Presidente, Gabriel Boric el que solicitó su aprobación en el contexto del asesinato de funcionarios de las Fuerzas de Orden. Fue este mismo gobierno el que decidió no vetarla. Y fue también el Ejecutivo el que apuró su promulgación para evitar que parlamentarios recurrieran al Tribunal Constitucional”, puntualizaron.
Junto con ello, dejaron en claro que “si al Frente Amplio le parecía tan aberrante una ley respaldada por su propio gobierno, debió votar en contra y no abstenerse. Si el Partido Comunista consideraba que esta ley abría la puerta a aberraciones jurídicas, debió abandonar el gobierno y no permanecer en él mientras se beneficia de cargos y responsabilidades”.
