Senadores opositores de las comisiones de Hacienda y Educación cuestionaron al Ejecutivo por lo que calificaron como “falta de definiciones oportunas“, al abordar la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal.
De acuerdo con lo expresado por los legisladores, fue aquello lo que terminó por bloquear la posibilidad de realizar un análisis serio y responsable de las indicaciones presentadas a la iniciativa.
Los parlamentarios de la oposición se refirieron al tema después de que el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y la titular de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunciaron que las conversaciones en torno al proyecto se habían estancado.
Luego de valorar el proyecto, el ministro Boccardo calificó como “sorpresivo e irresponsable para el país que la UDI haya decidido no citar a la Comisión y, con ello, en términos concretos, que este proyecto no pueda avanzar“.
En tanto, Antonia Orellana recalcó que “habíamos llegado a acuerdo en los cuatro puntos. Luego me podrán decir esos senadores si les parece que trabar un debate que se está haciendo desde 1997 vale la pena“.
Oposición apuntó al Ejecutivo por proyecto de sala cuna universal
Tras los dichos de los secretarios de Estado, desde la oposición apuntaron al Ejecutivo por la tardanza en responder a las propuestas, lo que, según ellos, impidió avanzar con la profundidad técnica que requiere una política pública de tal magnitud.
En esa línea, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) lamentó “la demora del gobierno del presidente Gabriel Boric en entregar definiciones frente a las indicaciones presentadas al proyecto de sala cuna universal, lo que terminó impidiendo un análisis serio y oportuno de las propuestas“.
“Los puntos de desacuerdo se habían ido acotando durante la tramitación, sin embargo, las propuestas del Gobierno llegaron tardíamente, sin margen para evaluar las respuestas con la responsabilidad que exige una política pública de esta envergadura”, complementó.
Entre los puntos en que discreparon los senadores de la oposición con el proyecto enviado por el Ejecutivo se contaban eximir al empleador de responsabilidad cuando no exista disponibilidad de sala cuna en el registro; fijar anualmente el monto del aporte, y establecer que cada tres años la Superintendencia de Educación emita un informe fundado sobre el nivel adecuado de financiamiento.
Cuestionaron además el diseño financiero del proyecto, así como el hecho de que la iniciativa establece que si los fondos resultan insuficientes, el Estado deberá tranbsferir recursos de manera automática, sin la necesidad de la autorización previa del Congreso.
