A fines de esta semana. Ese fue el plazo al que se comprometió la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, para entregar una nueva propuesta de reforma al sistema político y que sea viable para su aprobación en la Cámara de Diputados.
El miércoles de la semana pasada, Lobos se reunió con diputados y asesores de todo el arco político con el fin de escuchar las principales preocupaciones que existen en torno a la propuesta del Ejecutivo que busca dotar de mayor gobernabilidad al Congreso y al sistema de partidos políticos.
En la instancia, a la que asistieron Rubén Oyarzo (PR) y Jaime Mulet (FRVS) de manera presencial y otros diputados como Carlos Meza (Republicanos), Vlado Mirosevic (PL), Claudia Mix (FA), Matías Ramírez (PC), entre otros, los legisladores plantearon una serie de líneas rojas para alcanzar un acuerdo y despachar el proyecto antes del cambio de mando.
Resistencia a aumentar el umbral de firmas
Una de ellas, y la más importante, es que el Ejecutivo modifique el umbral que la reforma política propone para que puedan inscribirse nuevos partidos políticos.
Actualmente, la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos exige el 0,25% del electorado de cada región en que se constituya una determinada tienda política para validar la inscripción el Servel. La legislación vigente añade otro requisito: conseguir esas firmas en al menos ocho regiones o en un mínimo de tres regiones geográficamente contiguas.
La reforma del Gobierno eleva esos estándares: elimina la posibilidad de estar constituidos en tres regiones contiguas y aumenta del 0,25 al 0,5% el porcentaje de firmas necesarias.
El problema de la norma del Ejecutivo, dicen diputados de partidos pequeños, es que el voto obligatorio incrementó en demasía el padrón electoral, por lo que se haría prácticamente imposible conseguir las firmas requeridas.
A modo de ejemplo, en los comicios de noviembre, votaron 13.256.428 personas en la elección de diputados (la que considera la legislación). El 0,5% de los votos sería alrededor de 66 mil firmas, 10 mil más que el Frente Amplio que es el partido con más militantes.
“Este proyecto lo que busca es volver al binominal, al duopolio, y eso resta miradas totalmente democráticas de otros movimientos, de otras visiones de la ciudadanía. Yo creo que efectivamente la fragmentación le hace un daño a la gobernanza, pero hay que ser prudente y no poner candados al sistema político y solamente dejar a los que están participando”, dijo a EL DÍNAMO el diputado Rubén Oyarzo, presidente de la Comisión de Gobierno donde se está negociando la reforma política.
Ante la inquietud de los diputados, la ministra Lobos aseguró que el Ejecutivo está abierto a rebajar el umbral a un 0,4% lo que sigue siendo insuficiente para los negociadores.
Una de las ideas que surgió para destrabar este punto es considerar otras elecciones más allá de las parlamentarias. Alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros podría entrar a la ecuación para asegurar representatividad.
Díscolos podrán seguir cambiando de partido
Otra norma que está en la idea original de la reforma política es es la llamada antidíscolos que apunta a quitar el escaño a legisladores que se cambiaran de partido.
Parlamentarios como Johannes Kaiser, Cristián Labbé, Álvaro Carter, Carolina Tello, Ximena Rincón, Matías Walker, y el mismo Rubén Oyarzo, entre muchos otros, han abandonado en este periodo los partidos en los que fueron electos para desembarcar en otros proyectos políticos.
El proyecto del Ejecutivo plantea tres medidas para hacerse cargo de esta situación: reconocer los comités parlamentarios, obligación de integrarlos y permanecer en una bancada, y permanecer en el comité siendo la renuncia a este una causal de cesación en el cargo.
Sin embargo, diputados ya hicieron ver que no habrá respaldo a una normativa de esa naturaleza. Por lo que el Gobierno deberá reformular la norma con nuevos incentivos a la disciplina, pero sin mediar la pérdida del escaño como castigo.