Un contundente 24-0 de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía contra el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego.
La solicitud del Ministerio Público tenía como intención pasar a la siguiente fase de la arremetida judicial en el caso ProCultura: formalizar a la máxima autoridad regional. Sin embargo, dicha posibilidad quedó prácticamente descartada ya que el fiscal Cristián Aguilar difícilmente podría cambiar en la Corte Suprema el criterio empleado —unánimemente— por los ministros del tribunal de alzada.
Así las cosas, al gobernador Orrego sólo le quedaría un frente abierto por sortear: la solicitud de destitución que interpusieron consejeros regionales de la UDI y Republicanos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
El último movimiento que tuvo el caso —que se sustenta en la premisa de “notable abandono de deberes” por parte de Orrego— fue en diciembre de 2025, cuando la magistrada del tribunal electoral Adelita Ravanale tomó testimonio a Manuel Gallardo, administrador regional; José Tomás Correa, abogado de DLA Piper; el abogado Jesús Elgueta Pérez; el jefe de comunicaciones de la gobernación , Iván Salinas, y Lorena Pohl, asesora del gobernador Orrego.
Fuentes enteradas del caso aseguran a EL DÍNAMO que la causa de destitución debería tener su desenlace en marzo próximo, cuando el Tricel retome funciones en pleno tras el periodo estival.
Eso sí, las mismas fuentes indican que el antecedente del rechazo de la Corte de Apelaciones al desafuero de Orrego sería crucial para que se desestime la solicitud de destitución en su contra, puesto que la misma sede judicial descartó las irregularidades que consejeros regionales han imputado a Orrego.
A ello se suma que el gobernador tuvo un resultado favorable en la Corte de Apelaciones donde el tribunal falló a favor del Gobierno Regional que exige el pago de las pólizas de seguro a Porvenir S.A. en torno a los recursos que se perdieron por el convenio suscrito con ProCultura.
Si es que Orrego logra sortear al Tricel, cerraría definitivamente el flanco de ProCultura, ya que la otra arista, la comisión investigadora que se levantó en el Consejo Regional Metropolitano, quedó inconclusa y sin posibilidad de reactivarse.
En septiembre de 2025 la instancia investigadora quedó sin quórum suficiente para seguir su trabajo adelante puesto que consejeros de Republicanos y la UDI pusieron sus firmas para el recurso de destitución, acto que los inhabilitó de ser parte de la instancia de fiscalización interna.
Finalmente la comisión debió disolverse por acto administrativo dejando sin un informe final de fiscalización concerniente al caso ProCultura y las alertas de Contraloría por los coaching contratados por Orrego en época de campaña.
