“Este es un llamado para los consejeros republicanos y la UDI, el que siembra vientos, cosecha tempestades. Esta no es la manera de hacer política. Cuando uno asume un cargo, lo que hace primeramente no es pedir la destitución de la autoridad que se iba a elegir”.
Con esas palabras el gobernador Claudio Orrego emplazó a la oposición a su administración luego de que la Corte de Apelaciones rechazara la solicitud de desafuero en su contra presentada por el Ministerio Público en el contexto de la investigación del caso ProCultura.
Las palabras de Orrego hacían referencia al recurso interpuesto ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano con el fin de cesar del cargo al gobernador.
Sin embargo, a pesar de que la sede judicial no dio lugar a la formalización del ex DC, los consejeros que llevaron al Tricel a Orrego hacen presente que las opciones de destituir al gobernador no se han agotado.
De hecho, apuntan a que si bien el desenlace de la arista de ProCultura era seguido de cerca, el principal argumento para alegar la destitución son las faltas administrativas alertadas por la Contraloría.
Una de las eventuales irregularidades es particularmente importante, dicen consejeros de la oposición. Se trata de la contratación de un coaching institucional por un total de $31.366.179. La Contraloría, en la auditoría, advirtió que el servicio “aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a gobernador regional” y no a cuestiones relacionadas a la administración del GORE como lo mencionaba el contrato.
“Lo que está pendiente y aún no se resuelve es el informe de la Contraloría que deja en evidencia que hay una contradicción grave al principio de probidad. Y esa contradicción es la que hace necesaria la destitución, que es lo que estamos solicitando en el Tribunal Calificador de Elecciones”, dice a EL DÍNAMO el consejero Ignacio Dúlger (Republicano).
Y acota: “En ese coaching, con fondos públicos de la gobernación, para miembros de la gobernación, se habla de su campaña algo totalmente ajeno a la administración y dirección de la gobernación”.
El último movimiento que tuvo el caso —que se sustenta en la premisa de “notable abandono de deberes” por parte de Orrego— fue en diciembre de 2025, cuando la magistrada del tribunal electoral Adelita Ravanale tomó testimonio a Manuel Gallardo, administrador regional; José Tomás Correa, abogado de DLA Piper; el abogado Jesús Elgueta Pérez; el jefe de comunicaciones de la gobernación , Iván Salinas, y Lorena Pohl, asesora del gobernador Orrego.
Ahora en marzo continuará la etapa de alegatos en que se espera que los representantes de los consejeros concentren sus esfuerzo en las irregularidades advertidas por la Contraloría dejando de lado el caso ProCultura que ya fue resuelto en el tribunal de alzada.
