La oficina, ubicada en el piso superior de San Martín 73, brilla por su austeridad. Solo un pequeño “cuadro” hecho por su hija mayor, de solo tres años de edad, da cuenta de la vida personal de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien a sus 40 años es una de las más jóvenes del gabinete.
Matea desde chica, a esta hija de oficial de la Armada que vivió en lugares tan disímiles como Viña del Mar, Talcahuano y Santiago, casada, madre de dos niños pequeños, cristiana y titulada de Ingeniería Civil Industrial, mención Eléctrica, se le ve cómoda en el rol que asumió hace tres meses. De hecho, atribuye a su infancia nómade su capacidad de adaptación, algo que se hizo evidente durante su participación en el Chile Day realizado en Toronto, en donde expuso frente a un salón lleno de altos ejecutivos de empresas mineras sobre los cambios que han efectuado para acelerar la tramitación de los permisos ambientales.
La obtención de permisos ambientales, que han aumentado significativamente desde la llegada del gobierno de José Antonio Kast. De acuerdo con los datos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre el 2 y 29 de mayo de 2026, las Comisiones de Evaluación Ambiental y la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobaron US$ 13.962 millones. Expertos afirman que esto daría cuenta de un mejor clima para la obtención de permisos en el país.
Consultada respecto de cómo ha sido transformarse en ministra y al mismo tiempo ser madre, la ministra Toledo dice que lo lleva “un día a la vez. Mi marido ha sido un siete y me ha apañado muchísimo. Yo también he tratado de conciliar los tiempos con las demandas laborales del ministerio, pero a veces no depende de uno, porque el Congreso termina a las once de la noche o de repente toca hacer entrevistas o actividades temprano. Trato, algún día de la semana, de ir yo a dejar a mi hija al jardín, intentando no perder eso, pero cada día es distinto”.
Sobre el llamado del Presidente para que asumiera en Medio Ambiente, es clara en señalar que “no estaba en mis planes. Por distintos temas me llamaron y me preguntaron si estaba disponible para que mi nombre estuviera sobre la mesa. Pedí unos días para conversarlo con mi marido y oramos mucho, porque somos cristianos y se lo entregamos a Dios. Que fuera lo que Él quisiera. Fue pasando la semana y me acuerdo de que un día me dijeron: ‘Fran, estás lista’, pero pasaban los días y no se concretaba la conversación con el Presidente, así que pensé que la oportunidad había pasado. Finalmente se concretó el llamado y me invitó formalmente a formar parte del gabinete”.
—Quienes han trabajado con usted dicen que le interesa especialmente el diseño regulatorio. ¿Por qué considera que ahí se juegan muchas veces los éxitos o fracasos del Estado?
“Tú puedes tener una muy buena idea, pero si está mal implementada no sirve. Eso es lo que genera frustración. Puedes tener ideas espectaculares de política pública y, si las haces mal o las aplicas mal, se pierden todos los beneficios. Al final del día, la discusión de las evaluaciones que hace Dipres de los distintos programas está muy asociada al tema de procesos. Yo estudié ingeniería, pero también me fui enamorando del derecho. Saqué un LLM (Master of Law) en Derecho Regulatorio, porque también desde mi aproximación, cuando haces una política pública o diseñas un proyecto de ley, este tiene que tener una estructura, una lógica y una coherencia interna. Ahí te juegas el 90% del éxito en el cómo la estás implementando. Y es lo mismo que pasa de repente con servicios que están funcionando mal. Puede que el objetivo sea muy loable y socialmente urgente, pero si el servicio no está operando bien, porque no tiene buenos procesos, buen diseño o equilibrio, finalmente se diluye el propósito que hay detrás”.
—¿Y cómo fue la evaluación de lo que encontraron en el ministerio?
“Encontramos que hay muchos espacios de mejora. En general, todas las instituciones cada cierto tiempo necesitan revisarse porque los procesos se van desgastando. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para efectos de lo que estamos haciendo en el Comité de Ministros, encontramos que hay que hacer muchos ajustes internos de gestión. Cuando uno evalúa el flujo de procesos y ve que se pueden hacer cambios, nota que hay muchas ganancias al mirar con nuevos ojos las distintas tareas que se están realizando”.
—Usted ha dicho que no puede existir protección ambiental sin crecimiento económico. ¿Por qué cree que en Chile todavía se plantea esa relación como una contradicción?
“Lo que ha pasado es que, a raíz de distintas situaciones ambientales, debates sobre proyectos de ley y políticas públicas, de alguna forma se ha ido estableciendo una especie de brecha entre estos dos temas. Personalmente creo que eso le hace muy mal al país. El desarrollo, la protección ambiental, la protección de nuestra biodiversidad, requieren crecimiento económico. Los países más desarrollados son los que tienen mayores niveles de protección ambiental, porque eso justamente permite avanzar en estándares más altos de normas de emisión e incorporar innovación en distintos procesos. A medida que tienes mayor crecimiento, tienes mayor capacidad de inversión y más recursos para proteger. En ese sentido, el mandato del Ministerio del Medio Ambiente, en la Ley 19.300, dice que el objetivo es avanzar y lograr el desarrollo sustentable, que es equilibrar el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. No estoy diciendo que sea fácil, pero toda la institucionalidad ambiental está construida bajo esa lógica, y eso implica que distintos actores se articulen y conversen”.
—¿Siente que el Ministerio del Medio Ambiente había quedado atrapado en una imagen excesivamente obstructiva frente a la inversión?
“Yo creo que lo que ha ido pasando es que, si se observan los plazos de evaluación ambiental, estos han ido aumentando. También hay una normativa ambiental que ha ido creciendo y eso, obviamente, debe incorporarse en el proceso de evaluación ambiental. Todo ello se ha ido acumulando y efectivamente hubo decisiones en la administración anterior que quizás fueron en una línea de hacer más difícil esa conversación. Yo insisto en que es muy necesaria, porque el Ministerio del Medio Ambiente tiene mucho que aportar para avanzar en el crecimiento, porque todos queremos que Chile crezca, se desarrolle bien y podamos llegar con buenos empleos de calidad a todas las personas, generando el mayor bienestar posible para nuestras familias. En ese sentido, el Ministerio del Medio Ambiente es un actor importante. Entonces, cuando se resta o se cierran esos espacios de discusión, a la larga le hace mal al país”.
—Usted ha insistido en que “agilizar” no significa bajar estándares ambientales. ¿Cómo se convence de eso a comunidades que desconfían del Estado y de las empresas?
“Ha sido llamativo que cumplir la ley -porque eso es lo que estamos haciendo- se interprete como un riesgo para el resguardo ambiental. Jamás. Lo que estamos haciendo es cumplir los plazos que la misma ley establece bajo los mismos criterios y normas vigentes. El estándar de revisión no ha bajado, la institucionalidad ambiental chilena es bastante robusta. Existen instancias posteriores, como los tribunales ambientales, que son los encargados de revisar las decisiones del Ejecutivo en caso de que algún actor considere que alguna observación o aspecto no se ponderó adecuadamente. Entonces, el sistema tiene pesos y contrapesos para darle tranquilidad a todos los actores de que sus preocupaciones están debidamente resguardadas. Pero insisto: lo que estamos haciendo ahora son ajustes internos de procesos para cumplir con los plazos legales dentro del mismo contexto normativo. Siguen vigentes las mismas leyes y decretos. No han variado las exigencias ambientales”.
—¿Existe hoy demasiada judicialización en materia ambiental en Chile?
“Lo que ha ido pasando es que los tribunales se están demorando más tiempo en resolver. A veces hay resoluciones que, por distintos motivos, llegan muy tarde. Eso es algo que hemos mapeado y nuestra intención es ingresar un proyecto de ley durante el segundo semestre para revisar esos aspectos operativos de los tribunales ambientales y hacer ajustes que les permitan contar con mejores herramientas para resolver dentro de plazo. Efectivamente hay más proyectos de inversión, por lo tanto, ingresan más reclamaciones. Pero también existen instancias que no están adecuadamente resueltas en la normativa y que abren espacios para judicializar materias que podrían resolverse haciendo ajustes legales o entregando más herramientas a los servicios públicos”.
—Usted ha defendido la idea de dar mayor certeza regulatoria a los proyectos de inversión. ¿La incertidumbre ambiental ha terminado afectando el crecimiento del país?
“Efectivamente, cuando se toma la decisión de invertir en Chile también se evalúan otras opciones y otros países. Chile es históricamente reconocido por ser un país institucionalmente serio, con una robustez jurídica relevante, y eso también es atractivo para quienes traen inversiones, porque hay un tremendo Poder Judicial, un desarrollo regulatorio sólido e instancias para resolver reclamaciones. Pero efectivamente, cuando el Estado no es capaz de decir con certeza ‘me voy a pronunciar tal día’ y termina haciéndolo cinco meses, un año, dos años o más después, eso genera un problema. El caso, por ejemplo, de las desaladoras que demoran 139 meses en obtener permisos es imposible, inviable e insostenible, porque implica que una empresa que decide invertir en Chile debe tener la espalda financiera para sostener esa decisión durante esa cantidad de tiempo. Si existe incertidumbre respecto de cuándo se contará con respuestas —sea cual sea asociada a la naturaleza del proyecto— eso obviamente te hace menos competitivo frente a otros países. Eso es lo que estamos tratando de corregir desde la institucionalidad ambiental. Primero, a nivel de gestión interna, con el fin de cumplir los plazos correspondientes y luego resolviendo espacios de interpretación jurídica para asegurarnos de que lo que se tenga que resolver sea efectivamente lo que corresponde y dentro de los plazos adecuados”.
—En sus intervenciones públicas se aprecia una defensa fuerte de la técnica. ¿Cree que en Chile las decisiones ambientales se han politizado demasiado, como ocurrió en el caso Dominga?
“Más allá de que no me corresponde referirme a proyectos específicos, menos aún a aquellos que todavía tienen trámites judiciales activos, hemos tenido distintos proyectos que, por diferentes motivos, han estado en la palestra cuestionando de alguna forma si las decisiones pudieron haber estado influidas por otros aspectos. Son pocos casos, pero han sido bastante potentes para instalar este manto de duda respecto de si las decisiones están atravesadas por una mirada no técnica. Pero insisto: si uno ve, por ejemplo, el desempeño o los pronunciamientos de las Comisiones de Evaluación Ambiental regionales, en más del 95% de los casos ratifican lo propuesto por el Servicio de Evaluación Ambiental. Hay una validación del trabajo técnico. El sistema es técnicamente muy robusto. Todas las decisiones están debidamente fundamentadas y existe una instancia de revisión, que son los tribunales, encargados de ver si hubo alguna decisión que no se tomó conforme a las exigencias normativas y regulatorias vigentes”.
—¿Cómo convive una ministra del Medio Ambiente con las organizaciones ambientalistas, que muchas veces consideran insuficientes los avances del Estado?
“Nosotros como gobierno, y yo personalmente, siempre estamos muy abiertos al diálogo, a escuchar a todos quienes tengan buenas ideas y buenos aportes para el país. Creo que todos queremos mucho a Chile y estamos, desde distintas veredas, trabajando y esforzándonos para que el país entregue el mayor bienestar posible. Siempre que exista un esfuerzo por avanzar en ese objetivo, estamos dispuestos a escuchar y recibir recomendaciones de todo el mundo, porque entendemos que el tema ambiental se construye desde múltiples miradas. Así como la institucionalidad requiere la opinión de muchos ministerios, las decisiones ambientales también necesitan las visiones de distintas organizaciones y comunidades locales, que son quienes conocen su historia. Todo eso es valioso y nosotros tenemos distintos mecanismos para incorporar y recoger esos aportes”.
—Un tema importante es la gestión de residuos. ¿Hacia dónde apuntará el ministerio para enfrentar este problema?
“Hay regiones del sur de Chile con problemas tremendos, con rellenos sanitarios que ya terminaron su vida útil o ciudades que están disponiendo residuos en vertederos ubicados a muchos kilómetros de distancia, con toda la presión logística y el gasto que eso implica para los municipios. Y también está el impacto en las emisiones, porque se mueve una cantidad enorme de camiones cada día. Los distintos gobiernos ya han ido avanzando en esta agenda. Existe una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Como país hemos tomado una decisión seria de hacernos cargo de manera responsable de los residuos. La Ley REP entró de hecho en una segunda etapa, porque ya lleva diez años de vigencia. Lo que nosotros queremos es enfocarnos, al menos desde la parte de residuos orgánicos, en medidas operativas concretas. Poder avanzar hacia una incorporación real, acorde a la realidad nacional. A nivel domiciliario tenemos desafíos, porque hoy son los municipios los que absorben ese gasto, y eso dificulta avanzar, por ejemplo, en la separación en origen. Si queremos avanzar con mayor intensidad en la gestión de residuos orgánicos, que son responsables de gran parte de las emisiones de los rellenos sanitarios, debemos buscar caminos para que las personas incorporen estas prácticas de manera más extendida, generando incentivos que permitan avanzar”.
Un ministerio en crecimiento
A contar de agosto, el Ministerio de Medio Ambiente se hará cargo de la administración de los parques nacionales a través del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Con esto la cartera administrará más territorio que Bienes Nacionales, cambiando en gran parte el rol regulatorio que han tenido hasta ahora.
“Tenemos un tremendo desafío en Chile para mejorar la experiencia de los visitantes. El 60% de los turistas extranjeros que llegan al país pasa por nuestros parques nacionales. Entonces, el desafío es enorme. Afuera, nuestros parques son valorados y aplaudidos. Tenemos que trabajar muchísimo no solo en mejorar el estándar de servicios, sino también el estándar de protección, porque los parques nacionales tienen un propósito: proteger la biodiversidad, la fauna y la flora. Entonces, no se trata solo de habilitar infraestructura que los haga más atractivos y cómodos, sino también que quienes lleguen puedan cuidar aquello que está protegido en las distintas áreas. Será un desafío enorme porque la institucionalidad ambiental en Chile, hasta ahora, era solo de regulación. Por primera vez se sumará a este equipo un servicio absolutamente en terreno”.
—Eso debiera cambiar la cara al ministerio en relación con su cercanía con la gente.
“Totalmente. Es un trabajo territorial enorme. Es poder construir vínculos con las regiones, pero también aplicar operativamente los distintos instrumentos de protección de la biodiversidad. Vamos a ser nosotros, a través del SBAP, quienes seremos responsables de aplicar las distintas normativas. Más allá de las complejidades, creo que es un servicio muy lindo. Tenemos el desafío de reconstruir una institución muy querida por los chilenos y muy valorada, un lugar que nos permita encontrarnos. Todos queremos a nuestro país. Todos disfrutan los parques que existen en las distintas regiones, se sacan fotos y se sienten orgullosos de la geografía chilena. Creo que este servicio puede transformarse en un espacio de encuentro para hacer entre todos esta protección”.
