Hace apenas unos meses, en el oficialismo describían a Fernando Barros como uno de los ministros “escondidos”: sin desplante mediático, con una relación aún tibia con las Fuerzas Armadas y un vínculo poco fluido con el resto del gabinete y parlamentarios del oficialismo. Ese diagnóstico hoy ya no corre.
El titular de Defensa terminó agosto como el segundo ministro mejor evaluado en la última encuesta Cadem —con un salto de nueve puntos, el mayor incremento del gabinete— y como protagonista de al menos tres polémicas que lo instalaron como la voz más disonante del Gobierno de José Antonio Kast: los aranceles de Estados Unidos, la Doctrina Monroe y, el fin de semana pasado, el Convenio 169 de la OIT.
El episodio más reciente ocurrió el sábado, cuando Barros planteó en una entrevista con DF MAS que Chile debería “deshacerse” del Convenio 169 y de la Ley Lafkenche, normas que calificó como “un riesgo para el país” por generar, a su juicio, un “caldo de cultivo de conflicto” entre chilenos de distinto origen étnico.
La respuesta oficial de La Moneda no tardó. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, lo contradijo al día siguiente en Mesa Central, de Canal 13, asegurando que el Ejecutivo “no va a innovar” en la materia. Y este lunes le tocó al propio Kast zanjar la polémica en Radio Infinita señalando que “no es prioridad” revisar las materias cuestionadas por su ministro de Defensa.
Kast da cancha libre a sus ministros
Fue en esa misma entrevista, en todo caso, donde Kast resumió el sello que ha definido a Barros desde que llegó al gabinete: “Yo siempre incentivo a los ministros a que nos cuestionemos, a que vayamos haciendo una mirada mucho más amplia de lo que corresponde”, explicó, negando que se tratara de un “desmentido” a Barros.
Un episodio similar se vio a fines de julio, cuando Barros calificó de “injusto” el arancel del 12,5% que Estados Unidos aplicó a productos chilenos, lo que motivó una respuesta pública del embajador Brandon Judd.
Días después, en medio de la tensión por la relación bilateral, el ministro sumó una frase que incomodó a Cancillería: “No somos el patio trasero de ningún país”, sentenció, aludiendo a referencias estadounidenses a la Doctrina Monroe.
El episodio terminó con una reunión de casi tres horas en La Moneda entre Kast, el canciller Francisco Pérez Mackenna y Barros. En esa ocasión no estuvo solo: el ministro de Agricultura, Jaime Campos, también fue blanco de las críticas del embajador norteamericano por cuestionar la medida arancelaria.
El modelo que describió Kast no es exclusivo de Defensa. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, protagonizó semanas atrás un cruce público con su par de Hacienda, Jorge Quiroz, por recortes al presupuesto de su cartera, y el propio mandatario debió salir a explicar que la descoordinación entre ministros era, en sus palabras, “responsabilidad mía”.
Barros, sin embargo, es quien ha llevado ese margen de maniobra más lejos y con mayor frecuencia.
El estilo Barros
Su perfil no es el de un político tradicional. Nunca ha ocupado un cargo de elección popular ni de Estado, y su carrera se construyó en el mundo privado como uno de los abogados tributaristas más influyentes del país.
Pero su cercanía con la política viene de antes. En su época universitaria, dirigentes del gremialismo intentaron acercarlo a ese mundo, aunque Barros optó por el derecho privado. Con los años mantuvo vínculos con la UDI y RN sin militar en ninguno de los dos partidos.
Esa cercanía fue especialmente estrecha con Pablo Longueira, quien en más de una ocasión le ofreció competir por un cupo parlamentario —oferta que Barros rechazó siempre—. El vínculo llegó a tal punto que, junto al exalcalde Joaquín Lavín, fue uno de los dos únicos oradores en la comida de desagravio que un grupo de amigos organizó para Longueira tras su absolución en el caso SQM.
Su rasgo más distintivo en política viene de otro episodio. En 1998, durante un año sabático en Europa, Barros se convirtió en el vocero de la causa de Augusto Pinochet cuando el general fue detenido en Londres, un rol que lo llevó a tejer vínculos con Margaret Thatcher y que después repitió en el Caso Riggs. De ahí viene el perfil de “duro” que ha cultivado desde entonces, y la fama de no incomodarse con la impopularidad.
Esa fama se puso a prueba en sus primeros meses como ministro, cuando —según fuentes del oficialismo— le costó asentarse en el cargo: bajo perfil, poco control de su propia agenda y una relación con las ramas de las Fuerzas Armadas que recién comenzaba a construir.
El quiebre llegó, según recuerdan en el oficialismo, durante una de las renovaciones del estado de excepción, cuando el Gobierno enfrentaba recriminaciones de los libertarios por la falta de avances en seguridad y el supuesto “abandono” de la Araucanía.
Mientras Alvarado buscaba bajar la tensión con un tono conciliador, Barros emplazó a los parlamentarios a ser realistas y calificó de “mentira” las acusaciones de que el Gobierno no tenía un plan, argumentando que ya se había adelantado en la comisión de Defensa.
Pese a las amenazas de rechazo, el estado de excepción ha sido aprobado cada vez que el ministro ha necesitado los votos, incluida la última prórroga, tramitada el 20 de agosto.
Ese mismo terreno —la seguridad— es donde Barros enfrentará ahora su prueba más exigente.
La reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública ingresó al Senado el 17 de agosto y deberá pasar por las comisiones de Constitución, Seguridad Pública y Defensa, esta última encargada de revisar específicamente el artículo que define el rol de las Fuerzas Armadas y la figura del oficial general a cargo de las zonas declaradas en excepción.
El desafío llega, sin embargo, en una posición incómoda, ya que Barros ha estado ausente del diseño de la reforma, al punto de no haber sido informado de una reunión entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el ministro Martín Arrau con la cúpula de las Fuerzas Armadas para definir ese mismo punto.
