La Sala del Senado aprobó, por 37 votos a favor y 1 abstención, la norma que agiliza las expulsiones administrativas de migrantes irregulares, quedando en condiciones de convertirse en ley.
Los senadores concordaron con el informe de la Comisión Mixta que establece, entre sus principales aspectos, aumentar de 3 a 5 años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas extranjeras que hayan sido expulsadas administrativamente.
Junto con ello, se podrá solicitar información para notificar los procedimientos de expulsión y se recordó que la medida excluye a niños, niñas y adolescentes, y a establecimientos educacionales y de salud.
Asimismo, la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
Los senadores hicieron notar el sentido de “urgencia” de la medida; principalmente haciendo alusión a “las consecuencias que han debido enfrentar las regiones del norte del país”, que han enfrentado una “crisis migratoria”.
Sin embargo, se dejó constancia de que la aplicación de la norma “requiere de recursos, capacidad policial y coordinación internacional”, por lo que insistieron en la necesidad de contar con los recursos en la Ley de Presupuesto 2027.
