A falta de un solo voto, la Cámara de Diputadas y Diputados terminó por rechazar esta tarde la reforma constitucional para la ejecución de expulsiones administrativas.
La iniciativa, que el Gobierno había incorporado a la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), no alcanzó el quórum constitucional de 89 votos a favor. En lugar de ello, 88 legisladores dieron su respaldo al proyecto, 28 se manifestaron en contra y 19 optaron por abstenerse.
Con este rechazo, el proyecto no podrá renovarse hasta dentro de un año. Aunque, la propia Constitución contempla una excepción a esta norma. Si es que el Ejecutivo solicita que la iniciativa pase por el Senado, y dos tercios de sus miembros la aprueban en general, podría volver a la Cámara de Diputados. Este escenario, no obstante, se ve adverso debido a que el Gobierno no cuenta con mayoría en la Cámara Alta.
El proyecto buscaba ampliar el plazo de detención de las expulsiones administrativas de cinco a 30 días. Este plazo, a su vez, podría prorrogarse por hasta tres veces consecutivas. Sin embargo, algunos de los legisladores de oposición con los que el Ejecutivo había llegado a un acuerdo no otorgaron su voto a favor y también hubo dos bajas en el oficialismo, que acompañaron al presidente José Antonio Kast a la Asamblea General de Naciones Unidas.
El ministro de la Segpres José García Ruminot (RN) fue consultado sobre el trabajo prelegislativo y el desfavorable resultado. “Ese trabajo se hace se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que o no están en la sala o simplemente cambian su voto. Yo creo que frente a eso, imponderable, es muy, muy difícil poder tomar medidas adicionales que nos permitan asegurarle un costo”, dijo.
