Chile se prepara para transformaciones importantes en el ámbito del juego online. Sin embargo, en lugar de avanzar de manera secuencial —primero definiendo reglas claras y luego exigiendo su cumplimiento— el país corre el riesgo de tomar el camino inverso.
El Proyecto de Ley N.º 15975-25, orientado a la creación de un subsistema de inteligencia económica y al combate contra el crimen organizado, incluye una disposición que genera seria preocupación entre los operadores de iGaming. Se trata de una modificación al Código Penal que implica, en la práctica, responsabilidad penal por el juego online “no autorizado”, incluso antes de que exista una regulación sectorial específica.
Esta disposición se contempla en el artículo 24 del proyecto, que modifica los artículos 275 a 278 del Código Penal chileno. En su nueva redacción, se hace referencia a los “juegos de azar ilegales”, lo que abarca automáticamente a todas las plataformas que no cuenten con una licencia nacional. El problema radica en que dicha licencia, a día de hoy, simplemente no existe: el mecanismo para su otorgamiento aún debe definirse en el marco de otra iniciativa —el proyecto de ley N.º 14838-03—. De esta forma, todos los operadores actualmente activos en el país quedarían potencialmente criminalizados por el solo hecho de operar.
Contradicción con el principio de certeza jurídica
Actualmente, las empresas que operan en Chile no disponen de ningún mecanismo para regularizar su actividad: no existen condiciones definidas de licenciamiento, no hay procedimientos para presentar solicitudes, ni un organismo regulador habilitado para evaluarlas. Mientras tanto, la amenaza de persecución penal se cierne sobre toda la industria, incluso sobre aquellos operadores que están dispuestos a actuar de forma transparente y en línea con estándares internacionales.
La principal objeción a esta disposición es su carácter anticipado. Una ley que aún no ha establecido las reglas ya contempla sanciones por su incumplimiento. Este enfoque contradice principios fundamentales del Estado de derecho, donde toda persona tiene derecho a conocer de antemano qué es legal y qué no.
Impacto en la política pública y en la recaudación fiscal
Expertos advierten que aprobar esta disposición en su redacción actual no solo dificultará la implementación de un sistema de regulación efectivo, sino que además lo vaciará de contenido práctico. Incluso las empresas dispuestas a solicitar licencias podrían optar por operar en la informalidad o abandonar completamente el mercado antes de la entrada en vigor de una ley sectorial. Al fin y al cabo, ¿quién invertiría en un país que primero criminaliza una actividad y solo después propone regularla?
El resultado sería paradójico: en lugar de incrementar la recaudación fiscal, Chile podría enfrentar su reducción. Mientras más operadores se vean forzados a operar fuera del sistema, menores serán los ingresos tributarios. Además, se debilitará el control sobre un sector en el que es especialmente importante garantizar medidas de juego responsable, protección de menores y prevención de la ludopatía.
Consecuencias reputacionales para Chile
El iGaming moderno ya no es una “zona gris”, sino una industria altamente tecnológica, regulada en muchas de las principales economías del mundo. Reino Unido, España, Colombia, Estados Unidos: en todas estas jurisdicciones se ha establecido un equilibrio entre licenciamiento, fiscalidad y supervisión. Y ninguna de ellas comenzó aplicando sanciones penales.
Mientras Chile envía señales contradictorias al sector, actores internacionales como Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin y otros observan con atención el desarrollo legislativo. Si el proyecto de ley se aprueba en su forma actual, el país corre el riesgo de perder su confianza por años, si no de forma permanente.
Por qué es necesario corregir la situación
Considerando todos los riesgos, la disposición sobre responsabilidad penal por juego online no autorizado debe ser eliminada por completo del proyecto de ley N.º 15975-25 o, al menos, pospuesta hasta que entre en vigor una regulación sectorial especializada. Solo después de la aprobación de una ley específica sobre iGaming, la creación de un organismo regulador y el inicio del proceso de licenciamiento, será posible evaluar la legalidad de las operaciones y, si corresponde, aplicar sanciones.
Una regulación sensata se construye sobre el equilibrio de intereses. Hoy en día, en Chile, ese equilibrio es sumamente frágil. Un paso en falso podría hacer que el país pierda no solo un mercado emergente, sino también toda capacidad de incidir en su desarrollo.
