Fue el 12 de octubre de 2021, bajo el mandato de Sebastián Piñera, cuando se decretó por primera vez el estado de excepción en la Macrozona Sur. En estos 4 años, la medida estuvo interrumpida por solo 51 días, cuando el presidente Gabriel Boric, pese a que mantuvo firme su postura de no renovarla en un principio, anunció el uso de esta herramienta el 16 de mayo de 2022.
Lo anterior, como respuesta a los 245 eventos de violencia rural que contabilizó Carabineros entre el día que asumió el Gobierno de Boric (11 de marzo) y el día en que se anunció el inicio de un nuevo estado de excepción, período en el cual la por entonces ministra del Interior, Izkia Siches, junto a su comitiva, fueron recibidos con disparos al aire en Temucuicui.
A 1.245 días de aquella decisión, la actual administración se ha transformado en la que más ha hecho uso de esta medida constitucional en aquel lugar, lo cual se ha traducido en una significativa disminución en los hechos de violencia, pero que a su vez también ha implicado grandes costos al interior de la Fuerzas Armadas (FF.AA.), tal como lo dio a conocer hace unos días el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga.
Estado de excepción permanente: cómo ha variado la aplicación de la medida
Tal como lo estableció el gobierno anterior, la actual administración decretó esta medida constitucional en la totalidad de la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío de la Región del Biobío.
Aunque en un principio el Gobierno dio a conocer que esta medida se iba a implementar de forma “acotada” con el objetivo de resguardar las carreteras, esto cambió a mediados de 2023 cuando se suprimió del decreto las rutas específicas para brindar mayor flexibilidad al despliegue de las FF.AA.
En este marco, y ante la permanencia del despliegue militar en la Macrozona Sur, se modificó la manera en que se aprueban las prórrogas. Desde enero de 2024, se accedió a que las prórrogas de la medida se pidan cada 30 días y no cada 15. Considerando lo anterior, hasta la fecha se han aprobado un total de 61 prórrogas.

Las cifras que ha dejado el estado de excepción en la Macrozona Sur
En los casi cuatro años que lleva vigente la medida constitucional ininterrumpidamente, ataques incendiarios, usurpaciones, el triple homicidio de Carabineros en Cañete, entre otros, son parte de los hechos violentos que han tenido lugar en la zona. Sin embargo, a pesar estos lamentables crímenes, las cifras que ha dejado el estado de excepción han sido positivas según el Ministerio de Seguridad.
De acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de Seguridad Pública a las que accedió EL DÍNAMO, durante el 2025 han ocurrido la menor cantidad de eventos desde 2017, registrando una disminución sostenida desde 2021. “Si comparamos los datos de 2024 (año completo) con los de 2021, se registra una disminución de eventos de violencia rural de un 70%”, afirman desde la división.
Siguiendo en esa línea, al 28 de septiembre del presente mes, se han registrado 258 eventos de violencia rural en la Macrozona Sur, lo que equivale a un 35,3% menos que en el mismo período del 2024. Sumado a ello, todas las regiones han mostrado una disminución de eventos respecto del 2024: Biobío (62,7%), La Araucanía (24,4%), Los Ríos (36,4%) y Los Lagos (33,3%).
En detalle, los delitos específicos que más han tenido variaciones según las estadísticas actualizadas a septiembre de 2025, revelan disminuciones de 36% de los ataques incendiarios; de un 53% de los robos de vehículos y/o maquinaria; y de un 45% de los eventos con presencia de armas de fuego.
“Estas cifras muestran que hay una estrategia, hay un plan del Estado de Chile que ha permitido generar una acción coordinada. Lo más importante es que esto no nos debe llevar a bajar los brazos ni a disminuir los esfuerzos, sino a enfocar planes, a eficientar los recursos, a fortalecer los nuevos mecanismos con que nos hemos dotado en el camino a través de los mecanismos que ya tiene instalado el sistema”, sostienen desde la Subsecretaría de Seguridad.
“El sistema de trabajo que hemos llevado en la Macrozona Sur ha permitido disminuciones importantes en algunos eventos delictuales que nos llevan a seguir por esa senda. Esos resultados son fruto de un trabajo interinstitucional, focalizado y con estrategia”, añadieron.

Los costos: la otra cara del despliegue militar en la Macrozona Sur
Por otro lado, el despliegue militar en la zona genera un gran impacto en la operatividad, lo que también golpea al presupuesto que maneja el Ministerio de Defensa. Lo anterior, considerando la movilización y el aumento de los recursos para la remuneración y alimentación de los funcionarios.
Si bien el gasto que se ha destinado en la mantención del estado de excepción no se ha transparentado, recientemente el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, manifestó su inquietud en la segunda subcomisión mixta de Presupuesto, donde se revisa la partida del Ministerio de Defensa para el próximo año.
“Indudablemente no estamos en condiciones de terminar el año. Es algo que se ha venido hablando, nuestras autoridades lo conocen y que indudablemente debiéramos abordarlo, porque no tenemos ninguna solución”, alertó la autoridad en la sesión integrada por diputados y senadores.
Lo anterior, haciendo alusión a las tareas extras que han llevado a cabo en los últimos años, como los despliegues en las macrozonas norte (resguardo de fronteras) y sur (por seguridad en La Araucanía y el Biobío).
Dichos despliegues han generado un déficit de $14 mil millones, según detalló Iturriaga. En total, el forado económico alcanzaría los $40 mil millones, producto de remuneraciones, beneficios y capacitaciones del personal de planta ($19,5 mil millones) y del alza de asignación a conscriptos pendientes ($5,5 mil millones).
En este marco, el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (IND), cuestionó en diálogo con EL DÍNAMO que “no es posible que no haya dinero para este tipo de tareas que va a beneficio de la seguridad de los chilenos. Yo tengo la esperanza de que el próximo gobierno cambie los protocolos y le de un total respaldo a las FF.AA. para que puedan actuar y realmente sirva en su totalidad el estado de excepción”.

Frente a esto, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, admitió que “efectivamente hay gastos que se han producido por las macrozonas, tanto sur como norte, como por las elecciones que se tienen que ir pagando y se le va a pagar todo al Ejército”.
En esa línea. aseguró que “eso ya es un acuerdo con Hacienda; hay una deuda que no es de Hacienda, sino que es transferencia que tiene que hacer el Ministerio del Interior. El acuerdo que tenemos es que debería haber durante el mes de octubre resolverse todo el tema de estas platas adeudadas”.
Disminución de hechos violentos y Ejército sin plata para despliegues: el balance del estado de excepción en la Macrozona Sur
Considerando la disminución de hechos violentos y las complejidades financieras que atraviesan las Fuerzas Armadas por recortes presupuestarios y despliegues excepcionales, el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman (IND), aseguró a EL DÍNAMO que “los estados de excepción, como bien dice su nombre, deberían ser medidas excepcionales, pero acá llevan años consecutivos bajo esa medida. Lo anterior se debe a la debilidad institucional que tiene Chile, que carece de leyes que refuercen el trabajo de las Fuerzas de Orden y Seguridad”.
Por ello, enfatizó en la necesidad de “avanzar de manera legislativa, pero también dotarlos de equipamiento para respaldar y fortalecer la respuesta del Estado ante el terrorismo. Es momento que el Gobie
o priorice aquellas iniciativas para robustecer las capacidades de las fuerzas de orden y así dejar de ver, cotidianamente, medidas que deberían ser excepcionales. Si el terrorismo dejó de ser algo excepcional, debemos enfrentarlo con medidas permanentes.”
Mellado, en tanto, si bien destacó que los atentados han tenido una disminución gracias al estado de excepción y otras leyes aprobadas por el Congreso, sostuvo que “en tres años no se han acabado los atentados y cada vez son más violentos. El gran problema es que no han extinguido a las orgánicas terroristas. Sigue existiendo la CAM, la WAM, la RMM, la RML, por mencionar algunas. Ellas son el gran cáncer de la Macrozona Sur. Los atentados están volviendo con más fuerza porque los terroristas al saber que viene un cambio de gobierno, están golpeando la mesa y dando señales de que están estoicos y que igual seguirán realizando atentados violentos contra la propiedad y contra las personas”.

A juicio del diputado Andrés Jouannet (Amarillos), “el balance respecto del estado de excepción en la Macrozona Sur es negativo, es negativo porque han habido muertos en este período, además han habido muchos atentados. Si bien han bajado, ha sido fundamentalmente por el trabajo de la fiscalía, del fiscal Roberto Garrido, quien tiene a varias cúpulas (de la CAM y la WAM) presas. Por eso en definitiva han bajado los hechos delictuales y terroristas, pero no por la acción del gobierno”.
Con respecto a cómo la aplicación de esta medida constitucional en esta zona específica puede llevarse a cabo de forma más eficiente, Mellado planteó que “se podría evaluar un estado de sitio en alguna parte puntual, pero este gobierno ya terminó y lo único que espera es salir. Lo que debe hacer el próximo gobierno es desarticular a las orgánicas terroristas, se debe comenzar por ahí, atacando la raíz. Hay que ingresar a los lugares donde se alojan con un trabajo previo de inteligencia, penetrar en estos grupos tal vez con un trabajo de operaciones encubiertas y agentes infiltrados. Se debe realizar un trabajo serio con el respaldo que corresponde”.
“No puede ser que en Temucuicui, habiendo nueve entradas, no hayan nueve puntos fijos registrando los ingresos, lo mismo con distintas comunidades violentas. Hay que hacer un copamiento, pero entregando el respaldo político necesario para que las FF.AA. hagan la pega. No puede ser que en pleno 2025 en nuestro país no se cumpla el estado de derecho, a sectores donde nadie puede ingresar y que están tomados por el terrorismo y el narcotráfico”, concluyó el parlamentario de RN.