A partir del jueves 29 de mayo, y por un plazo de 30 días, se renovó el estado de excepción en la Macrozona Sur, de acuerdo a lo resuelto en primera instancia por el Senado y luego ratificado por la Cámara de Diputados.
El tema adquirió nuevamente relevancia este domingo, luego de que el saliente comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, afirmara que “de alguna u otra forma, debiera ir terminando el estado de excepción“, a días de que se discuta su eventual renovación para el mes de julio.
“El tema del estado de excepción es político. A nosotros nos dicen que hay que cumplir el estado de excepción, y lo cumplimos de la mejor forma posible. Pero también es un desgaste enorme para la institución. La Infantería de Marina ha estado involucrada prácticamente en los últimos cuatro años en tareas donde tiene que desdoblarse en los estados de excepción constitucional“, manifestó De la Maza en la entrevista que le concedió a El Mercurio, a días de abandonar su cargo.
“No podemos estar en un estado de excepción constitucional permanentemente por los próximos cuatro años“, complementó el almirante.
Si bien desde distintos sectores políticos manifestaron su concordancia con los dichos del comandante en jefe de la Armada, la opinión no genera unanimidad entre parlamentarios de esa zona del país.
Aquello, luego de que durante la primera quincena de junio se registraran en dicha macrozona diversos hechos de violencia que incluyeron atentados incendiarios contra camiones. A lo que se suma el ataque perpetrado el 20 de abril a la central Rucalhue, el que dejó un saldo de 47 camiones, dos excavadoras, un camión aljibe y una moto niveladora completamente quemados, en el mayor atentado de este tipo en la zona.
Las razones de La Moneda para mantener el estado de excepción
Entre las razones esgrimidas por el Ministerio de Seguridad Pública en abril pasado para defender la extensión del estado de excepción en la Macrozona Sur está la reducción de los hechos de violencia y la detención de más de 1.200 personas.
En el último informe presentado por la cartera para lograr una nueva aprobación de la Cámara de Diputados, Luis Cordero detalló que desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 09 de abril de 2025, hubo 612.834 controles. De ellos, el 65% fueron vehiculares y el 35% de identidad.
Hasta abril pasado se vio una caída del 53% de los eventos de violencia rural, con respecto a igual periodo de 2024 y del 77% en comparación con 2021.
Los eventos de violencia disminuyeron en tres regiones respecto del mismo periodo del 2024: 59%, en el Biobío; 51%, en La Araucanía; y 33%, en Los Ríos. Asimismo, en las cuatro provincias de la Macrozona Sur con decreto vigente han un retroceso en los eventos respecto del 2024, en donde destaca la reducción de eventos en Malleco, en un 49%.
Los ataques incendiarios, robos y eventos de sustracción de madera son los delitos que más han disminuido. Específicamente, los ataques incendiarios se redujeron un 51%, mientras que los robos y los eventos de sustracción de madera cayeron 53% y 72%, respectivamente.
