“Hay dos clases de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución”, decía Ramón Barros Lucos. El del pago a diputados desaforados y sus equipos de asesores es un ejemplo de lo primero, pero también de lo segundo.

Al finalizar sus periodos parlamentarios este 10 de marzo, los diputados que han sido apartados de sus funciones por estar sometidos a investigaciones judiciales dejarán de percibir sus dietas, que ascienden a los $7.348.983. También dejarán de percibir remuneración pagada por la Cámara sus asesores parlamentarios, quienes finalizan contrato el 10 de marzo. Además, los contratos de las oficinas arrendadas —que no se podían utilizar para labor legislativa debido al desafuero— expirarán.

En total, la corporación se ahorrará los sueldos de Mauricio Ojeda (IND-Republicano), desaforado en octubre de 2024 y que percibió su dieta por 17 meses; de Francisco Pulgar (IND), desaforado en diciembre de 2024 y que la cobró por 16 meses; de Catalina Pérez (Ex FA), desaforada en abril de 2025 y que la percibió por 13 meses; y de Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas), desaforado en diciembre de 2025 y que alcanzó a cobrar cuatro meses. A ellos se suma María Luisa Cordero, quien fue la primera diputada desaforada del período: estuvo apartada de sus funciones entre agosto de 2023 y marzo de 2024, siete meses en que igualmente continuó cobrando su dieta.

Lo mismo ocurrirá con sus equipos de asesores. Según pudo confirmar EL DÍNAMO a través del portal de transparencia activa de la Cámara, los cinco parlamentarios mantuvieron sus plantillas completas durante todo el período de desafuero, sin que la corporación reasignara funciones ni redujera dotación.

El equipo de Ojeda estaba compuesto por cinco funcionarios que en conjunto percibían $8.863.486 mensuales. La jefa de gabinete, Macarena Fernández Infante, era la mejor remunerada con $3.585.955, seguida por Marybel Archivurry Riquelme con $1.823.789. En total, durante los 17 meses que duró el desafuero, la Cámara desembolsó $149.163.375 por ese equipo.

El de Pulgar era el más numeroso: siete asesores con una planilla mensual de $8.845.708. Juan José Vega Rodríguez, jefe de gabinete, percibía $2.044.934, mientras que María Antonieta Rojas González recibía $1.396.514. Los 16 meses de desafuero significaron $131.993.820 en remuneraciones.

El equipo de Catalina Pérez era el de mayor costo mensual: ocho funcionarios con una planilla que alcanzaba los $11.076.716. Camila Rojas Castillo, jefa de gabinete, percibía $2.527.261, y Christopher Jerez Pinto, encargado de comunicaciones, $2.206.117. 

El caso de la ex frenteamplista tiene una particularidad: su desafuero fue confirmado por la Corte Suprema el 7 de abril de 2025, cuando el mes ya estaba en curso. Pese a ello, ese mes se registraron gastos operacionales por $2.526.562 en concepto de telefonía, traslación, arriendo de inmueble, consumos básicos, materiales de oficina y servicios menores, recursos que según la normativa vigente debieron haberse cortado desde la fecha del desafuero. En total, entre sueldos de asesores y gastos operacionales de abril, la Cámara pagó $12.725.346 solo en ese primer mes. Los 13 meses completos de desafuero sumaron $120.896.104.

Calisto, desaforado en diciembre de 2025, tenía siete asesores con una planilla de $10.415.719 mensuales. Felipe Klein Vidal, su jefe de gabinete, era el mejor remunerado con $3.543.787. En cuatro meses acumuló $31.247.157.

El caso de María Luisa Cordero es distinto al de los otros cuatro: su desafuero comenzó en agosto de 2023 y concluyó en marzo de 2024, dentro del mismo período legislativo, sin que derivara en condena. Sin embargo, los siete meses que estuvo apartada de sus funciones también aportaron a la cifra final. Su equipo de cinco asesores percibía $8.891.381 mensuales, con Josué Céspedes Escanilla como el mejor remunerado con $2.836.944 tras el reajuste de enero 2024. En total, la Cámara destinó $63.004.325 a ese equipo durante su período de inhabilitación.

El caso de Joaquín Lavín es distinto y por eso no se incluye en el cálculo de este reportaje. El diputado fue desaforado el 23 de febrero de 2026, durante el receso legislativo, por lo que en la práctica solo estuvo impedido de cumplir funciones durante la última semana del período, entre el 2 y el 6 de marzo. La brevedad del período y el hecho de que su desafuero se produjo en receso hacen que su situación no sea comparable a la de los otros cinco casos documentados.

Las oficinas que pagó la Cámara y no se ocuparon

El gasto en remuneraciones no fue el único costo que generaron los desafueros. La Cámara también debió seguir financiando las oficinas parlamentarias de los diputados inhabilitados, en los casos en que los contratos de arriendo se mantuvieron vigentes. Esto, ya que las asesorías externas y gastos operacionales se cortan una vez declarado el desafuero, pero no así los arriendos que ya tienen contrato en curso.

Eso sí, con el diputado desaforado, el espacio no tiene razón de ser ya que no se pueden realizar labores legislativas ni territoriales. 

En el caso de Francisco Pulgar, la Cámara mantuvo dos oficinas arrendadas: una en Talca y otra en Curicó, ninguna de las cuales pudo ser utilizada para labores legislativas mientras el diputado permaneció en prisión preventiva en la cárcel de Cauquenes. Según el portal de transparencia activa, cada arriendo rondó el millón cien mil pesos mensuales, a lo que se sumaron consumos básicos asociados. En total, las oficinas de Pulgar significaron $16.612.348 para la Cámara durante su período de desafuero.

Catalina Pérez también mantuvo una oficina arrendada durante su inhabilitación. Los registros disponibles dan cuenta de pagos mensuales que combinaron arriendo y consumos básicos por montos que oscilaron entre $1,2 y $1,4 millones. El total acumulado por ese concepto alcanzó los $9.700.575 entre mayo de 2025 y enero de 2026, último mes con registro disponible en el portal de transparencia activa de la Cámara.

En conjunto, los gastos en oficinas parlamentarias de diputados desaforados sumaron casi $25 millones durante el período legislativo, por espacios que, en la práctica, no pudieron cumplir ninguna función legislativa.

Problema sin solución

¿Quién vela por que estos recursos se usen correctamente? La respuesta, según pudo constatar EL DÍNAMO al momento de publicar el primer reportaje sobre esta anomalía en abril de 2025, es que en la práctica nadie lo hace de forma efectiva. Y nada indica que eso haya cambiado.

Este medio intentó tomar contacto con el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, para saber si es que la normativa sufrió algún cambio, pero no hubo respuesta. 

De todas maneras, tres fuentes de distintos comités parlamentarios confirmaron que los asesores se mantuvieron en la misma dinámica (yendo al Congreso o conectándose telemáticamente a ciertas reuniones) y no se les reasignaron tareas.

El sistema de control de las asignaciones parlamentarias está concebido en tres niveles, según la Resolución N° 11 de 2024 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. El primero recae en el propio parlamentario, quien es responsable de la administración, uso y rendición de cuentas de los recursos. El segundo corresponde a cada corporación a través de su control interno. El tercero es el Comité de Auditoría Parlamentaria.

El problema es que en los casos de desafuero, el primer nivel de control está por definición impedido de ejercerlo, ya sea porque el parlamentario enfrenta restricciones de desplazamiento o porque está privado de libertad. Los otros dos niveles no han suplido ese vacío.

En abril de 2025, EL DÍNAMO consultó a las tres autoridades a cargo. Landeros, reconoció que no se había fiscalizado el trabajo de los asesores de diputados desaforados y derivó la responsabilidad al Comité de Auditoría Parlamentaria. La coordinadora del comité, Priscila Jara, sostuvo que la responsabilidad también recaía en la propia Cámara, y reiteró que el primer nivel de control correspondía al parlamentario. Mientras que el presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Rabindranath Quinteros, se limitó a señalar que por regla general se mantiene el pago de remuneraciones del personal vigente, atendida la normativa del Código del Trabajo. Ninguno dio cuenta de un mecanismo concreto de verificación.

La ausencia de fiscalización no es una anomalía administrativa: está respaldada por el marco normativo vigente. Los diputados desaforados no pierden su condición de parlamentarios mientras no sean condenados y se les revoque el cargo, lo que en virtud del artículo 59 de la Constitución les garantiza el pago íntegro de su dieta. Lo mismo ocurre con sus asesores, cuyos contratos de trabajo los suscribe la Cámara como empleador, no el diputado, por lo que su continuidad no depende de que el parlamentario esté en condiciones de ejercer sus funciones.

Así lo confirmó en su momento el propio Landeros, quien reconoció que no se ha realizado ningún estudio sobre la dieta pagada a parlamentarios desaforados, pero fue tajante en señalar que la eventual solución le corresponde a los propios diputados y diputadas. 

Si bien se presentaron proyectos de ley para corregir la anomalía durante este periodo, ninguno tuvo algún avance significativo en su tramitación.

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, organismo que fija los montos y reglas de uso de las asignaciones parlamentarias, tampoco tiene atribuciones para modificar unilateralmente las condiciones de pago en casos de desafuero. Cualquier cambio requeriría una reforma legal o, al menos, una modificación al reglamento interno de la Cámara, materias que durante el período legislativo 2022-2026 no fueron objeto de ninguna iniciativa concreta.