Greenpeace destacó la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció que los gobiernos deben garantizar un clima estable y un ambiente sano.
La Corte dejó en firme que las empresas también tienen obligaciones en relación con el cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos.
Se trata de un pronunciamiento histórico, resultado de la solicitud presentada por Colombia y Chile en 2023, que marca un precedente en la región al establecer directrices claras sobre las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática y su impacto en la vida, salud, agua, alimentación, vivienda, cultura y otros derechos humanos. Esta decisión se fundamenta en evidencia científica que demuestra que las actividades humanas, especialmente el uso de combustibles fósiles y la deforestación, están generando impactos que vulneran derechos fundamentales.
“El mensaje es claro: los Estados tienen una obligación legal de proteger nuestro futuro. Desde Greenpeace consideramos esta decisión, sin precedentes, como una herramienta poderosa para elevar el estándar de responsabilidad de los Estados y empresas y fortalecer la acción climática con un enfoque de justicia y derechos. La corte lo fue clara: se acabó la inacción, es momento de políticas públicas concretas, ambiciosas y con enfoque de derechos humanos”, señaló Laura Caicedo, coordinadora de Campañas en Greenpeace Andino.
Uno de los aportes más relevantes de este proceso ha sido el rol de la sociedad civil. Con 265 observaciones escritas y más de 150 intervenciones orales, esta Opinión Consultiva ha sido la más participativa en la historia del Tribunal.
La Corte Interamericana también reconoció “el derecho de la naturaleza y los ecosistemas a mantener sus procesos ecológicos esenciales, un avance clave para América Latina y el Caribe, una de las regiones más biodiversas del planeta”.
Para Roxana Núñez, abogada y encargada de incidencia en Greenpeace Andino, desde América Latina, esta decisión cobra una relevancia aún mayor: “Las Opiniones Consultivas de la Corte IDH desempeñan un papel fundamental en la interpretación y definición del alcance de las obligaciones jurídicas de los Estados de la región en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, puesto que no sólo contribuyen al desarrollo normativo regional, sino que también pueden impulsar mayor ambición en las políticas públicas e influir en otros tribunales a nivel global”, asegura la abogada.
