Imágenes satelitales, drones, cámaras espectrales y métodos para cuantificar daños ecológicos. Esas son las herramientas que el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) pondrá a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) tras firmar un convenio de colaboración que busca elevar el estándar probatorio de las investigaciones penales por delitos ambientales.
El marco legal chileno da urgencia a la alianza. La ley 21.595 modificó el umbral de penalización de ciertos daños ambientales: conductas que antes derivaban solo en multas —contaminación de aguas, extracción ilegal de recursos naturales— pueden hoy constituir delitos con pena privativa de libertad, siempre que exista evidencia científica que demuestre, cuantifique e interprete correctamente el daño. La PDI tiene hoy más de 30 delitos medioambientales y patrimoniales bajo su competencia.
Para responder a este nuevo contexto regulatorio, la PDI creó el Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (CIDEMA) y comenzó a buscar aliados en el mundo científico. El IEB, con casi dos décadas de trayectoria en ecología y biodiversidad y financiamiento basal de la ANID, fue el punto de llegada de esa búsqueda.
Ciencia para la persecución de delitos
El IEB identificó recursos propios con potencial para convertirse en evidencia jurídicamente válida: datos satelitales, drones, cámaras espectrales y capacidad de asesoría para cuantificar el daño ecológico. La evidencia de campo, sin embargo, solo tiene peso judicial si quien la analiza cuenta con respaldo científico reconocido. Ese es el núcleo del acuerdo.
“La ciencia permite elevar el estándar de las investigaciones, aportando rigurosidad, trazabilidad y sustento técnico; el daño ambiental puede ser demostrado, cuantificado y correctamente interpretado en el marco legal vigente”, explicó Marcela Verdugo, directora de la Unidad de Transferencia Tecnológica del IEB.
La ley 21.595, vigente desde septiembre de 2024, sistematizó un catálogo de más de 200 delitos y creó por primera vez un estatuto específico para los atentados contra el medio ambiente, con penas que pueden llegar hasta el presidio mayor en su grado mínimo. El desafío más relevante para el CIDEMA es probatorio: llevar un caso a tribunal exige demostrar el daño con estándares técnicos que la investigación policial tradicional no siempre puede cumplir por sí sola.
“Lo que busca el CIDEMA es poder derribar los mitos que aparecen en las investigaciones policiales. Más de 30 delitos afectan al medioambiente y al patrimonio cultural, entre ellos casos emergentes como la extracción ilegal de áridos y la minería ilegal”, afirmó el prefecto Patricio Rojas, jefe nacional de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural.
La cuantificación del daño es la operación central del proceso. Se trata de demostrar que un daño ocurrió, pero también de establecer su magnitud, alcance temporal, ecosistemas afectados y consecuencias proyectadas. Para eso se requieren metodologías que la PDI no tiene internamente y que el IEB puede aportar.
Entre los delitos de mayor preocupación figuran el tráfico de especies, la contaminación, la extracción ilegal de recursos naturales, la tala ilegal y los incendios forestales. También se proyectan acciones de formación: estudiantes de doctorado y magíster realizarán pasantías al interior de la PDI con foco en investigación criminal ambiental. “Para el IEB, es un hito en materia de transferencia tecnológica y del conocimiento, ya que nos permite conectar la ciencia de frontera con la justicia”, concluyó Verdugo.
