El abogado Alejandro Peña busca demostrar que no hubo dolo en el actuar de Sebastián Zamora sino que fue una mala ejecución que terminó en un choque entre ambos.
Rodrigo León
El otrora persecutor jefe de la Zona Metropolitana Sur indicó que en la indagatoria en nuestro país “perseguimos delitos reales”.
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Según el abogado Alejandro Peña, que defiende a los imputados, no existen presunciones fundadas de que los carabineros hayan cometido un eventual ilícito, por lo que no procede su prisión preventiva.
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Uno de los ex imputados, un camionero boliviano de 35 años identificado como M.R.C., relató en la audiencia las irregularidades en el control de su ingreso al país y en su detención, así como una supuesta oferta posterior, de parte de efectivos del OS-7 de Arica, de entrar un cargamento de 1.000 kilos de droga.
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Peña se desempeñó como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior hasta octubre de 2012, cuando renunció a su cargo en medio de la polémica por el investigado pago de sobreprecios en adquisiciones para el plan antidrogas Frontera Norte.
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El plan estrella del Gobierno para el combate del narcotráfico, se ve en entredicho tras la formalización de agentes del OS-7 en Arica. Estas son algunas de las claves del caso.
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Fisco deberá pagar más de 30 millones de pesos a técnico acusado por el ex fiscal Alejandro Peña, de integrar banda “Los Cavieres” y los “Cara de Jarro”. Todo era falso. César Soto perdió casa, auto, fue amenazado de muerte y su esposa, perdió un hijo.
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La Comisión Investigadora por el llamado Caso “Sobreprecios” acordó volver a citar al ex fiscal Peña, y recibir en su próxima cita al ex jefe de proyectos de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, Felipe Baeza, y al general director de Carabineros, Gustavo González Jure.
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El jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzman intentó una última acción en la Corte Suprema. Cuestionaba el razonamiento de la propia Sala Penal y pedía rebajar a poco más de $ 21 millones el monto a repartir entre los abogados de seis imputados. “No ha lugar”, sostuvo el máximo tribunal.
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El ex fiscal nacional asegura haberse reinventado en el mundo jurídico privado, tras desempeñarse durante durante 18 años como abogado penalista en el sector público.
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