Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

País

Otra del ex fiscal Peña: ordenan indemnizar a funcionario falsamente acusado de narcotráfico

Fisco deberá pagar más de 30 millones de pesos a técnico acusado por el ex fiscal Alejandro Peña, de integrar banda “Los Cavieres” y los “Cara de Jarro”. Todo era falso. César Soto perdió casa, auto, fue amenazado de muerte y su esposa, perdió un hijo.

Otra del ex fiscal Peña: ordenan indemnizar a funcionario falsamente acusado de narcotráfico
Por Luis Narváez 23 de Abril de 2013

César le toma con fuerza la mano a su hija de 15 años. La observa con la misma mirada de hace cinco años, cuando le juró que todo lo que los diarios y la TV decían de él era una mentira. La joven está a punto de ingresar a una cirugía y escucha adormecida la voz de su padre. “Hija, todo va a salir bien”.

Mientras la camilla cruza el umbral del pabellón y las puertas se van cerrando, a César lo atropella el recuerdo de las páginas de El Mercurio y La Segunda que aseguraban que era integrante de la banda de narcotraficantes “Los Cavieres”. Y se le vuelven a doblar las piernas al evocar su foto en una infografía de TVN como miembro de una asociación ilícita.

La fuente de los periodistas era Alejandro Peña Ceballos, en ese entonces jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur del Ministerio Público.

Lo despidieron de su trabajo; tuvo que abandonar su casa, la financiera le quitó su auto, y; estuvo cesante muchos años. Pero piensa que nada repara el peor de todos los daños: el hijo que su esposa perdió cuando la presión y el escarnio la consumieron. La separación matrimonial fue el fondo del pozo al que este técnico jurídico fue arrojado por la trama orquestada por el cuestionado Alejandro Peña.
Hoy, la justicia dijo que César Soto era inocente y aunque en primera instancia se había condenado al Estado a pagarle una indemnización de $220 millones, la Corte de Apelaciones de San Miguel lo rebajó, la semana pasada, a sólo $30 millones. Una diferencia importante si se considera el daño que la sentencia da por acreditado que se provocó a Soto y su familia.

El caso de este ex funcionario es el único, hasta hora, de una indemnización por perjuicios a una víctima de un montaje del ex fiscal Peña.

En enero, la Corte Suprema confirmó que el fisco debe pagar más de $500 millones, pero a cada una de las defensas de seis de los jóvenes que eran inocentes de las acusaciones de Alejandro Peña, respaldadas por el Gobierno, de colocar artefactos explosivos.

Los medios

César Soto cumplía como, todos los días, una crucial función en la unidad de crimen organizado que existía en la Fiscalía Metropolitana Sur. Allí se ventilaban las investigaciones más complejas y peligrosas contra bandas dedicadas al narcotráfico. Los mayores golpes que le dieron prestigio al ex fiscal Peña provienen de los frutos del trabajo de esta unidad.

De la mano de este organismo cayeron “Los Cavieres” y los “Cara Jarro”, entre 2007 y 2008, entre muchos otros. Sin embargo, mientras Soto trabajaba en estos temas, desde 2005, junto a otros colegas fundaron la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur.
Desde ese momento comenzaron todos mis problemas”, asegura el ex funcionario. Varios funcionarios se desafilian de la asociación aduciendo presiones y amenazas de los jefes de la Fiscalía y del propio Alejandro Peña.

Las presiones se ejercieron en contra de funcionarios y dirigentes. A los primeros los obligaban a desafiliarse de la organización sindical y a los segundos les obstaculizaban el uso de la horas destinadas a trabajo sindical, además de sufrir constantes agresiones verbales en reuniones y diferentes instancias”, explicó Natalia Cesped, presidenta nacional y regional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Publico.

Ella junto a César Soto y Paulina Ruiz, actual secretaria de la entidad, fueron los fundadores de la organización y también quienes debieron enfrentar a Peña.

Paulina Ruiz recordó un caso que le afectó directamente a ella. “ anteriormente a lo que le hicieron a César, el señor Peña instruyó un sumario en mi contra por el uso de horas sindicales. Ante lo inconsistente de los cargos y la labor de mi abogado que hizo contundentes descargos, se vieron obligados a amonestarme verbalmente, una sanción menor, pese a que ante la fuerza de la evidencia debí ser sobreseída.

Desatada una verdadera batalla laboral, en octubre de 2007, unos 30 funcionarios se desafiliaron de la asociación, dicen, producto de las amenazas. Ante esto, denuncian las prácticas antisindicales y piden sumario contra Peña. “En el sumario que se llevó en contra de Peña y que investigó la fiscal regional Solange Huerta (caso Tsunami) se comprobó la desafiliación forzada de a lo menos 16 asociados, con el fin de mermar el quórum de la organización sindical”, cuenta Natalia Cesped.

La fiscal sumariante levantó cargos contra el entonces fiscal Peña y fue sancionado los primeros días de junio del 2008. La presidenta de los funcionarios dijo que “al día siguiente de ser notificado de su sanción, Peña abre sumario y una causa penal en contra de César Soto Torres, funcionario de la fiscalía de drogas y ex secretario de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Sur. En cuestión de semanas, el funcionario fue destituido”.

 Fiscalía actuó “imprudentemente y con negligencia”

Era un día normal de trabajo. Un 20 de junio de 2008, a César Soto lo llaman del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía. “Cerca del mediodía me notificaron que iba a ser investigado por un posible vínculo con una banda, por leerle una minuta a un abogado de narcotraficantes de “Los Cavieres y “Cara de Jarros”, y me sacaron de la institución. Pero lo más grave es que a las 12:30 de ese mismo día apareció en todos los medios de prensa que yo pertenecía a la banda y de hecho en Televisión Nacional aparecía con nombre y fotografía en el organigrama de la banda”.

César Soto intentó en vano recurrir al Fiscal Nacional Sabas Chahuán para advertir que todo era una persecución y en las tres oportunidades que solicitó su intervención, se encontró con oídos sordos. “Cuando me iniciaron el sumario le pedimos una audiencia al fiscal nacional, don Sabas Chahuán para decirle que todo era una persecución. Nunca me quiso recibir. Yo no sé si no nos recibió porque alguien le dijo que no nos recibiera o él simplemente no le dio importancia. Luego pedí oapelar, y no siquiera se revisó. Ló último fue la reincorporación pero tampoco lo quiso dar.

Natalia Cesped también recuerda que Sabas Chahuán, nunca debió ratificar la destitución del funcionario Soto, pues jamás se probó su relación con el narcotráfico, motivo que originó el despido del funcionario. Más aún, durante años nos ha negado copia del sumario administrativo con que se sancionó a Peña, privándonos de conocer la verdad y de iniciar eventuales acciones legales y sindicales en contra de quienes persiguieron a los trabajadores, como César Soto, y los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Sur. El fiscal nacional nos ha privado, en este ámbito, de la verdad y la justicia que nuestros asociados merecen.”

La justicia de primera instancia y, posteriormente la Corte de Apelaciones de San Miguel, confirmaron que la Fiscalía del Alejandro Peña actuó “imprudentemente y con negligencia al difundir la noticia de que el demandante de autos (César Soto), se encontraba vinculado a una banda de narcotraficantes sin antes haberse comprobado ese hecho por la justicia en un debido proceso que contuviera todas las garantías otorgadas por la ley, existiendo la falta de cuidado que debe tener quien realiza una conducta, con el objeto de evitar la producción de resultados indeseables, los que son posibles de prever”.

La sentencia de la jueza del Cuarto juzgado Civil de San Miguel, ratificada en todos sus puntos por la Corte, agrega que ella que las falsas acusaciones se realizaron “sin mediar ni sopesar las consecuencias que esto podría acarrear en su persona y familia, especialmente a sus hijos, que son los más vulnerables, llegando a la situación en que se encuentra actualmente”.
César Soto cuenta que tras aparecer, especialmente en TVN y La Segunda “en el condominio donde yo vivía con mi familia comenzaron a llegar las amenazas contra mi familia, contra mis hijos. Estaban muy asustados, no me quedó otra que cambiarlos de colegio. Mi señora estaba embarazada y por lo mismo, el miedo, las noches sin poder dormir, sufrió una pérdida…con eso el mundo  se nos vino abajo.”

Vanos fueron sus intentos por defenderse. “Solicité la grabación pero nunca me la pasaron para poder defenderme. Se la pedí a Daniela Palma, que me hizo el sumario interno, y me dijo que la habían destruido. Osea material de prueba para un juicio fue destruido. Eso habla de lo irregular de todo esto”, relata César Soto

La conclusión de la justicia es tajante: “los hechos precedentemente descritos afectaron a la honra del demandante, a su reputación dentro de la sociedad, lo que constituye un capital simbólico de cada persona, el cual se vio profundamente afectado por el atentado contra su imagen y su honra, que realizó con su actuar la Fiscalía Metropolitana Sur, produciendo una profunda depreciación del demandante frente al resto de la sociedad y su entorno, lo que lleva a estimar a esta Juez con mucha convicción, acerca de la procedencia de una justa reparación del daño causado”.

Por eso es que la jueza Cecilia Vega le otorga, en septiembre de 2012, un total de $220 millones de pesos de indemnización, considerando el daño y el tiempo sin poder trabajar. El Consejo de Defensa del Estado, a cargo de defender los intereses del fisco frente a los hechos producidos por Alejandro Peña apeló desconociendo el daño y alegando que aún estaba en duda la participación de Soto en una banda de narcotraficantes.

Pero la justicia fue clara con el CDE, porque “no allegó al proceso probanza alguna en orden a desvirtuar los dichos de la demandante, no acompañando antecedente alguno al proceso, de conformidad a los medios de prueba que le otorga la ley”.

La Corte de Apelaciones San Miguel confirmó todo lo resuelto en primera instancia, pero rebajó a sólo 30 millones el monto. Un monto que no deja conforme a César Soto que dice que ganaba 800 mil pesos mensuales y que eso sólo cubre menos de tres años de sueldos perdidos, tras ser despedido y no encontrar trabajo.
En la forma, la Corte sí hace justicia porque se acreditó el daño que se hizo contra mi familia y mi persona. Lo que no estoy de acuerdo es el monto por el cual se valoró esta reparación porque realmente eso no compensa. Ni siquiera se condenó en costas para pagarle a los abogados que creyeron en mi y me defendieron” reflexiona el ex funcionario.

Epílogo

Al cierre de este reportaje, no fue posible localizar al ex fiscal Alejandro Peña. Su teléfono celular y su correo electrónico no figuran en función.

Al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se le envió un cuestionario para responder por el caso de César Soto, pero al momento de la subida de esta nota a la web de El Dínamo, no se había recibido respuesta.

El tema no es cómodo tras el estrepitoso fracaso del “caso Bombas” y los cuestionamientos a un sistema que daba garantías y mostraba buenos resultados.
Paulina Ruiz, sostuvo que “lo peor de todo es que esto ocurre precisamente al  interior de una fiscalía. Es decir, el órgano persecutor encargado de perseguir delincuentes arremetió arbitrariamente contra uno de sus trabajadores como si fuera un criminal, aún sabiendo que no lo era, y utilizó todas las herramientas que tuvo a su alcance para acusarlo, exponerlo y castigarlo, pero sin que tuviera nunca acceso a un justo proceso, derecho que el Estado sí le garantiza hasta al peor criminal”.

Por ello es que tras el caso Bombas, varias voces se levantaron para reclamar por los costos que está pagando el fisco. El propio César Soto dice que “ese dinero debería salir del bolsillo de Alejandro Peña y Héctor Barros que fueron los que armaron todo esto contra mi. Hay una fiscal que dejó la fiscalía y se fue a Japón y que me advirtió, en ese entonces, que ellos querían sacarme a como diera lugar. No había cómo. Yo siempre fui un funcionario de excelentes calificaciones y nunca fui cuestionado.”

La presidenta nacional de los funcionarios del Ministerio Público también concuerda con que “sería muy importante que el ex fiscal regional Alejandro Peña, respondiera ante esta situación, así como en otras, en donde se acusó injustamente a personas inocentes. Si bien, el Estado debe responder ante estas situaciones, no me parece justo que quien las genera, en este caso Peña, no responda jamás ante un tribunal o ante quienes persiguió. El estado pagara la indemnización de César Soto y las costas del ‘caso bombas’. ¿Cuándo responderá el señor Peña ante estas situaciones?”

La hija de César Soto nació con una deformación física que este fin de semana, de manera exitosa, fue corregida tras una cirugía en el Hospital “Ezequiel González”. El sábado, cuando salió de recuperación, su padre la esperaba, estaba junto a su madre, tomados de la mano, con la misma mirada y con una gran sonrisa, una que la joven no veía desde casi seis años.

Suscríbete y recibe las noticias para comenzar el día

El Dínamo AM

Comenta

Newsletter
El Dínamo AM

Suscríbete y recibe las noticias para comenzar el día