Además, el miércoles de la próxima semana, Pablo Longueira está citado a declarar en calidad de testigo, como ex ministro de Economía, en la investigación contra el senador Jaime Orpis.
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La comparecencia del histórico UDI es una de las últimas decisiones de Sabas Chahuán antes de que termine la próxima semana su período como Fiscal Nacional. La defensa del gremialista busca acceder al expediente del caso para fijar el día de la declaración.
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El Ministerio Público está indagando al senador por una serie de delitos, entre los que se consideran cohecho (pago de coimas), fraude al Estado y lavado de dinero, que responde a ocultar el dinero obtenido de forma ilícita a través de compras u otras actividades.
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Jorge Maximiliano Bussenius es investigado por la institución y la Fiscalía, luego que emitiera dos facturas por un monto de 35 millones de pesos cuando trabajaba junto a la entonces candidata a senadora y que no pudieron ser respaldadas por la minera.
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Son servicios de sitios web, redes sociales y servicios de transmisión de video prestados por un periodista para la campaña para la presidencia del PPD. Las facturas fueron emitidas para la empresa de Clara Bensán, siendo que los servicios fueron prestados para la actual alcaldesa de Santiago.
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Alejandro Sule, ex diputado del Partido Radical Social Demócrata, habría solicitado que su correligionario, el ex subsecretario General de Gobierno Rodolfo Baier, emitiera una boleta a la minera no metálica para financiar su campaña.
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En el marco del Caso Penta, el perjuicio provocado al Estado por parte del timonel UDI, el cual es investigado por la emisión de boletas ideológicamente falsas, se elevaría por los 15 millones de pesos.
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Además, Francisca Cuellar se suma a la asesora Carolina Gazitúa, quien en declaración ante el Ministerio Público aseguró que emitió boletas a la minera no metálica por más de 3 millones de pesos.
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El Octavo Juzgado de Santiago admitió la acción judicial presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente, quien cuestiona los eventuales recursos que el timonel DC y el CORE RN por el Biobío habrían recibido de la minera no metálica.
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El jefe de gabinete está en el ojo del huracán por tres informes que supuestamente elaboró en 2012 para la empresa del ex recaudador de fondos de la actual Presidenta, Giorgio Martelli, de los cuales la ciudadanía sospecha que habrían sido un mecanismo para financiar la pre campaña, como mostró la última encuesta Cadem. Con el contenido de estos parcialmente revelado, las dudas se multiplicaron: la acusación de que el ministro hizo “copy paste” y un desmentido del diario El Mercurio, siguen haciendo caer a quien fuera una de las figuras políticas con mayor proyección de la Nueva Mayoría y que ayer se vio obligado a responderle a un rumor en twitter.
Hernán Melgarejo