El Fiscal nacional indicó que en 2009 la compra a esta empresa era la "unica posibilidad" para adquirir el aparato de interceptación telefónica.Los datos del hecho ya fueron enviados a la justicia. Además reconoció haber conocidos en los '90 a su dueño
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Según el ex fiscal, el subsecretario "no está involucrado" en la licitación cuestionada por sobreprecios. Agrega que el renunciado sociólogo Carlos Álvarez "nunca transparentó su relación con la empresa Tecnodata".
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El ejecutivo detalló parte de la operación que terminó con la salida del ex fiscal Alejandro Peña del Ministerio del Interior y de otros dos profesionales, que no detectaron los que el gobierno calificó como una "colusión entre empresas".
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El ministro reiteró la postura de "colaboración absoluta, en la División de Estudios o donde sea" del Gobierno. "Frente a la corrupción, tolerancia cero. Seremos inclaudicables", acotó.
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Se trata del sociólogo Carlos Alvarez, quien prestaba funciones dentro de la División de Estudios. Sus vínculos con el caso surgieron en el marco de la investigación del fiscal Jaime Retamal.
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De acuerdo al fiscal a cargo de la pesquisa, Jaime Retamal, operaciones que involucran tanto a la empresa Tecnodata como a la firma Meditec están bajo la lupa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.
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El ministro vocero de Gobierno también abordó el rechazo de la Corte Suprema a anular la resolución del Caso Bombas indicando que "es un fracaso del proceso y del sistema judicial", además rechazó los dichos homofóbicos del diputado UDI, Ignacio Urrutia.
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El subsecretario del Interior reconoció que en este nuevo caso, el equipo encargado inicialmente estimó que el gasto sería de US$ 4 millones, pero después su costo se dobló; agregó que los responsables no le supieron explicar las razones.
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El titular de Interior considera que lo que corresponde "es dejar que el ministerio público avance en su investigación" respecto a la cuestionada licitación donde habrían existido sobreprecios de hasta un 400%.
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Se trataría de correos electrónicos entre el dueño de Tecnodata, firma que se adjudicó la polémica compra, y un funcionario del Departamento de Crimen Organizado de la División de Estudios dirigida hasta el viernes por Alejandro Peña.
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