Las declaraciones las deberá entregar a la Fiscalía Metropolitana Occidente, luego que el Ministerio Público accediera a la solicitud de uno de los querellantes del caso tsunami respecto a la citación como testigo del en ese momento ministro del Interior.
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Ambas autoridades fueron imputadas junto a otras seis por la falta de alerta a la población por la tragedia que afectó la zona centro sur y que tuvo como resultado 156 muertos y 25 desaparecidos.
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“En una escueta resolución, la Fiscal Huerta, sin invocar ningún fundamento jurídico para rechazar por octava vez la citación a declarar a Bachelet, solo se remite a un pronunciamiento anterior, de marzo del presente, en el cual, rechaza esta diligencia", dice un comunicado.
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Según informa Biobío, en la declaración se indica que el abogado querellante entregará la minuta del interrogatorio que fue exigida por la fiscal Solange Huerta como condición previa para pronunciarse sobre una nueva citación a la ex presidenta Bachelet, en la calidad de imputada por los hechos que se investigan.
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"Que doña Michelle Bachelet se venga a Chile, ordene la Concertación, dé la cara, y dejemos de hacer campaña por telepatía" manifestó el timonel de RN y senador.
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La nueva citación, que también incluye al ex titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, busca aclarar quién ejercía la autoridad el 27F. Pese a que aún no se define una fecha para las citaciones, los querellantes indican que el ex ministro será el primero en declarar en los próximos días.
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Los antecedentes contendrían la lista de funcionarios sancionados en cada uno de los procesos internos. Éstos no fueron solicitados por la Fiscalía, sino que fueron aportados voluntariamente por la institución.
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La solicitud la había presentado el 14 de mayo el abogado Raúl Meza, que representa a la familia de una de las víctimas fatales del maremoto del 27 febrero del 2010.
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Desde el Gobierno consideraron legítima la manifestación, que congregó a partidarias de la ex Presidenta, entre ellas las diputadas María Antonieta Saa, Carolina Goic, Denisse Pascal y Cristina Girardi.
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Tras recibir el registro sobre lo ocurrido en la isla, el ministro de Economía debió hacerlo llegar a la justicia dentro de un plazo legal de 24 horas, cuestión que según el DC Gabriel Silber no ocurrió.
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