"Ocurre que tanto el presidente del Consejo, Juan Ignacio Piña, como uno de los consejeros, Juan Antonio Peribonio, fueron nombrados por Piñera cinco días antes de dejar La Moneda, cuando eran subsecretario de Justicia e intendente de Santiago, respectivamente", explicaron.
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El persecutor jefe regional Manuel Guerra acotó que esta semana va a definir si suma a esta indagatoria los antecedentes respecto de la propiedad de la minera Dominga.
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En paralelo, la ex ministra puede ejercer también como abogada y desempeñarse en algún estudio particular, pero sólo en causas que no vayan en contra de intereses fiscales.
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Algunas de las diligencias que pide el escrito que ingresará Gustavo Hasbún, aparte de las declaraciones de Blanco y del actual jefe de Gendarmería, Jaime Rojas, apuntan a la nómina de funcionarios contratados a honorarios entre 2014 y 2016.
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“No hay ningún problema con la inhabilitación en temas sensibles”, planteó la Presidenta, al considerar que el Consejo de Defensa del Estado tiene causas en las que Blanco figura vinculada al haberse desempeñado en el Ministerio de Justicia.
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"Blanco salió cuestionada del gobierno por su actuación en los casos del Sename y Gendarmeria, de hecho el Consejo de Defensa, del que ahora forma parte, se querelló por las pensiones de Dipreca y la Contraloría determinó su rechazo a la contratación de cuatro funcionarios de Gendarmería cuando Blanco era ministra", recordó.
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Fue en enero del 2016 cuando la entonces ministra de Justicia –nombrada hoy abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado- solicitó a Tulio Arce, por esos días director de la institución penitenciaria, que contratara a cuatro personas, cada una por más de 3 millones de pesos.
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El cupo de la ex ministra correspondería al que quedó vacante con la jubilación del civilista Álvaro Quintanilla, el que se acogió a retiro el pasado 27 de diciembre del 2014. Su traumática salida se dio en plena crisis del Sename, por la muerte de niños al amparo de la institución y el escándalo de los jubilazos de Gendarmería.
Francisco Valenzuela Huerta
El ente representante del estado presentó una acción penal en contra de la nuera de la mandataria y su socio, Mauricio Valero, por infracción a la propiedad intelectual. Esto, por los informes que Caval vendió a la empresa de Vial Concha.
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Se detectó que desaparecieron 22 notebooks, 5 CPUs y 13 proyectoras, además de 189 piezas que fueron declaradas patrimonio histórico. El presunto autor de estos hechos está identificado.
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