El profesional a cargo del equipo jurídico que La Moneda formó para investigar el tema señala que el CDE "tiene antecedentes sobre esta materia hace muchísimo tiempo".
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Para este viernes, el I Juzgado Civil de Valdivia citó al Consejo de Defensa del Estado y a la empresa Celco-Arauco para informarles el fallo de primera instancia, luego de que el CDE rechazara una conciliación de cara al desastre ecológico causado por las descargas de la Planta de celulosa Valdivia al Santuario del Río Cruces.
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Por su parte, el ex rector de la Universidad Sek, formalizado en el marco de la investigación por sobornos en la CNA, se negó a referirse a Luis Eugenio Díaz, a quien habría hecho boletas falsas. "No hablo con él ni de él", enfatizó.
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El Presidente, Nicolás Monckeberg, aplazó el debate y la votación sobre las conclusiones de la Comisión que investigó el perdonazo que favoreció a la firma del retail Johnson's; se citará a una nueva sesión. Con la aprobación del documento la Contraloría estará obligada a reabrir el sumario.
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A RNC se le adjudicaron las obras de reparación del sistema eléctrico del recinto, en el marco de los trabajos de reparación post 27F. Sin embargo, los propietarios de RNC habrían pagado 80 millones de pesos con el propósito de que la empresa ganara el concurso.
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La acción judicial apunta a los delitos de fraude al Fisco, cohecho y revelación de secreto. La presentación va dirigida contra dos empresarios y un ex funcionarios del ministerio del Interior.
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El legislador sostuvo que “no nos parece razonable que la defensa de los intereses del Estado queden librados al abogado (Luis Hermosilla), que ha contratado el subsecretario Rodrigo Ubilla, para defenderse el mismo”.
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Dando cuenta de la postura de los acusadores, el fiscal Víctor Núñez subrayó refutó que los seis imputados sólo sen acusado por simples daños. A su juicio el terrorismo es una ideología y que los bombazos son muestras de la doctrina.
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La diligencia se realiza en el marco del caso Riggs. Trascendió que el dictador habría modificado el documento en el 2005, cuando ya estaba siendo investigado.
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La acción judicial apunta a los responsables del delito de "revelación de secreto". Se busca aclarar cómo listas de pensionados del ex INP llegaron a manos de ejecutivos de la multitienda para de hacerlos clientes de su tarjeta de crédito
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