El cuestionamiento apuntaba a 19 preceptos del texto legal. La decisión del tribunal estaría en estado de acuerdo y se prevé que en los próximos días será notificada a las partes involucradas.
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De ser admitida, luego viene un plazo de cinco días para decretar la admisibilidad del fondo del requerimiento, instancia en la que se fijarán las fechas para la vista de la causa en la que los abogados de los requirientes entregarán sus posiciones para que se resuelva el polémico asunto.
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Los parlamentarios del PS, PPD, DC y PC plantean que se declare inconstitucional el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que fue publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto, pues violaría el principio de igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
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La iniciativa que se enviará al Congreso, incluye perfeccionamientos al Código de Aguas y a la Ley de Cierre de Faenas Mineras. además, se permitirá que las empresas realicen consultas previas al SEIA y se abordarán temas ligados a organismos genéticamente modificados y medio ambiente, explicó Cristián Larroulet
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El veto supresivo del Ejecutivo sobre los dos puntos más polémicos logró destrabar el proyecto en las Cámaras. Para el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, la iniciativa es un avance respecto de la legislación que había y destaca las "certezas" que aporta.
Patricia Zvaighaft
Tras este paso la iniciativa ahora deberá ser enviada al Ejecutivo para su promulgación como Ley. Previamente, en la Càmara Baja se selló un protocolo de acuerdo entre la DC, PPD, PRSD, UDI y RN, que permitió aprobar el informe de Comisión Mixta dejando fuera los puntos conflictivos.
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Los puntos a suprimir incluyen la consulta indígena realizada después de la concesión, y antes de comenzar la construcción y lo concerniente a las áreas silvestres protegidas. La luz verde se concretó tras un protocolo de acuerdo entre la DC, PPD, PRSD, UDI y RN.
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Al final el proceso de díálogo se logró consenso en 16 de los 19 puntos en discusión. La consultas a las que se recurrirá cuando algún proyecto o norma involucre a pueblos originarios, pretenden dar cumplimiento a las exigencias del convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile.
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El organismo responde así a las declaraciones en contrario emitidas la semana pasada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aseguran que la norma sí respeta el estándar del Convenio 169.
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A través de un informe del organismo de Derechos Humanos apuntó una serie de insuficiencias en el nuevo documento, no cumpliendo con los estándares internacionales. A juicio del INDH existe una "interpretación distorsionada de la consulta".
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