Por 23 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, la Sala de Senado despachó en la tarde de este martes, el controvertido proyecto de Ley de concesiones eléctricas y servidumbres. Con esto se refrendó el acuerdo que poco antes se había dado en la Cámara Baja, instancia que la que se selló un protocolo de acuerdo entre la DC, PPD, PRSD, UDI y RN, que permitió aprobar el informe previo de la Comisión Mixta de cara al proyecto.
Con esto la iniciativa ahora deberá ser enviada al Ejecutivo para su promulgación como Ley.
El mencionado acuerdo transversal consignó el compromiso del Ejecutivo de presentar un veto supresivo de cara a la Consulta indígena realizada después de la concesión, y antes de comenzar la construcción y de lo concerniente a las áreas silvestres protegidas (ASP).
Desde su rol de presidente de la instancia Mixta, el senador (RN) Baldo Prokurica detalló los acuerdos que zanjaron las discrepancias y que se referían a: áreas silvestres protegidas, la consulta indígena, alzamiento de medidas precautorias y la entrega material del predio y uso de fuerza pública. Respecto a los dos primeros puntos precisó que se acogió el criterio aprobado en el Senado.
Durante la discusión quedaron nuevamente de manifiesto las fuertes discrepancias entre quienes rechazan con fuerza la iniciativa y aquellos senadores que la respaldan.
Es así como se pronunciaron en contra de la iniciativa, los senadores Antonio Horvath (RN); Guido Girardi (PPD); José Antonio Gómez (PRSD); Juan Pablo Letelier (PS); Jaime Quintana (PPD), y Eugenio Tuma (PPD).
El senador Horvath, que representa al región de Aysén, indicó que “hubo temas en los que no se logró consenso y se llegó a un acuerdo que no representa a la totalidad del Senado y la Cámara en los puntos ligados a la consulta indígena a los pueblos originarios afectados por las líneas de transmisión y las áreas silvestres protegidas”.
Requerimiento ante el TC
A continuación Horvath subrayó su postura en contra, anunciando un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
En la misma línea, Guido Girardi sostuvo que “acá no hay una estrategia país ni política de Estado sobre la matriz energética ni para sugerir qué energía queremos, en qué lugar y en función de qué necesidades. Tenemos una política que apunta a la concentración del sector con precios altísimos a pesar de que las materias primas que se usan son las más baratas (…) La legislación ambiental en Chile está hecha para que existan los fraudes y prime la política. Esta es una ley que favorece al lobby y a los más poderosos”.
Desde la otra vereda, el DC, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, respaldó la iniciativa, pese a que se mostró en contra “del veto supresivo que dejó fuera los puntos en conflictos. Queremos una ley sin vetos como era el acuerdo, en definitiva tenemos una ley más mala para los pueblos originarios y las áreas silvestres protegidas, ésta era la primera vez que se incluía en una ley el Convenio 169 de la OIT y el respaldo a las áreas silvestres protegidas y volvemos a la ley original del Gobierno”.
El senador DC, Andrés Zaldívar también fustigó la aplicación del veto supresivo, indicando que “ese planteamiento es un retroceso” y a renglón seguido apuntó que “la Ley era de buen contenido y calidad y habíamos logrado precisar las normas sobre áreas silvestres y, por primera vez incorporar un mecanismo de consulta a los pueblos originarios”.
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