En definitiva, corresponde a la Contraloría pronunciarse, como lo ha hecho regular y sostenidamente sobre el régimen de pensiones de los funcionarios públicos el cual por regla general, para bien o para mal, no puede ser otro que el aplicable a la mayoría de los chilenos, el de AFP.
Columnista
Son cerca de 8 mil 600 millones de pesos los que se habrían gastado en diversos viajes, múltiples de ellos cuestionados por la Contraloría General de la República. Según la jefa de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, actualmente están investigando cerca de 20 casos de esta naturaleza en todo Chile.
Redacción
Quien contrae matrimonio tiene cinco días de permiso laboral. En el caso de quienes contraen un Acuerdo de Unión Civil, sólo los que están en el sector privado podrían acogerse a ese beneficio.
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"No nos deja mucho espacio para reaccionar más que la movilización social como un instrumento necesario para defendernos frente a una agresión constante por parte del contralor", puntualizó la Confusam.
Redacción
"Vamos a pedirle una auditoría para saber quién pagó los viáticos del señor Insulza y los traslados cuando estaba haciendo actividades de precampaña. No podemos permitir que una precampaña sea financiada con recursos del Estado y menos, con recursos de la Cancillería", sentenció José Manuel Edwards.
Redacción
El trato al que llegó el Ejecutivo con la organización apuntaba a impulsar una serie de normativas donde se incluía el reconocimiento del matrimonio de parejas del mismo sexo, y que a su vez desactivaba la demanda en contra del estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para los diputados que ingresaron el escrito, esto no debe solucionarse vía un acuerdo inválido para ellos, sino que todos estos cambios a la ley debieran discutirse en el congreso.
Francisco Valenzuela
Este hecho quizás puede sonar curioso, particularmente en tiempos donde la necesidad de mejorar la probidad de las instituciones públicas y la confianza de los ciudadanos con el Estado son una preocupación constante, y considerando que, en este ámbito, esta institución tiene el rol de control más importante.
Columnista
La decisión de Contraloría obligará a la Superintendencia de Salud a determinar la ilegalidad de la estructura de la propiedad de tres isapres, que en la práctica impulsa que los afiliados se atiendan en sus propias clínicas y laboratorios, limitando la competencia y perjudicando a los propios usuarios.
Redacción
A seis meses del hecho ocurrido el pasado 17 de abril, el organismo reveló los resultados de la investigación que solicitó los diputados Marcela Sabat, Cristián Monckeberg, Leopoldo Pérez y Gustavo Hasbún.
Redacción
Ante tan asombrosa repuesta, podríamos suponer que la Contraloría no tiene los recursos necesarios para investigar o bien que haya recibido presiones conducentes para que no se incomode al influyente y poderoso sector de la construcción, razón por la cual en el transcurso de los próximos días le pediremos al contralor general una reconsideración
Columnista