Un 44% de las listas de espera AUGE en seis hospitales, investigados por la Contraloría General de la República, fueron solucionadas por secretaría, lo que confirmaría que aún no se cumple con los dispuesto por el Minsal el año pasado.
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Tras el ingreso de la denuncia, los parlamentarios comunicaron que le pidieron al contralor general, Ramiro Mendoza, que "haga la pega, para terminar con el escandaloso y descarado intervencionismo electoral que está haciendo el Gobierno con recursos públicos, y frenar un fraude electoral nunca antes visto en Chile".
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Silber explicó que "el pasado lunes 6 de agosto, en el marco de una visita oficial que realizó a Arica, para dar inicio al día siguiente al proceso de expulsión de reos peruanos a partir de la ley de indulto general, el ministro de Justicia asistió a un acto de proclamación de la candidata a alcaldesa de la Alianza por dicha comuna y de los concejales de RN en esa región".
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El Dictamen de Contraloría sostiene que: “…la materialización de la alianza estratégica que pretende realizar ENAER con la empresa extranjera ya mencionada (…) como se ha visto, excede las facultades que la ley ha conferido a esa empresa pública”.
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El parlamentario DC ofició a Ministerio de Agricultura e Indap, pidiendo la intervención de la Contraloría en un programa destinado a apoyar a las familias mapuches, “cuyos objetivos no se han cumplidos.”
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Se descubrió que el secretario de Estado infringió la ley “al no adoptar políticas de registro, conservación y seguridad de las comunicaciones electrónicas entre órganos de la Administración del Estado y entre éstos y los ciudadanos”.
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Según un informe de la Contraloría, conocido ayer, detectó que 16 municipios y tres corporaciones municipales destinaron $88 millones de la ley Subvención Escolar Preferencial (SEP) a colegios cerrados y $25 mil millones fueron mal utilizados.
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El análisis realizó investigaciones a 77 municipalidades del país y 28 corporaciones entre el 1 de enero de 2010 y 30 junio 2011, en periodos de los ex ministros Mónica Jiménez (abril 2008 - marzo 2010) y Joaquín Lavín (marzo 2010 a julio 2011).
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Por último, el Ministerio del Interior tomará contacto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para analizar la situación judicial de los hechos ocurridos en dicha ciudad y evaluar así la posibilidad de hacerse parte en el proceso judicial.
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