Luego de que la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazara la acción judicial contra el SEA de Los Ríos, las comunidades insisten en que la consulta indigena ligada al Convenio 169 de la OIT no se realizó de buena fe.
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Se trata de las forma en que se generó la normativa respecto a la consulta a los pueblos indígenas, así como las relacionadas con la regularización de tierras.
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El ministerio de Bienes Nacionales solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) información acerca de si se aplican o no las causales que obligan a un proceso de tramitación ambiental a incorporar la consulta indígena. Y la respuesta de la entidad fue un “no”.
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"Nos hemos dado cuenta que hoy, los senadores de la Concertación y de la Alianza, esperan en conjunto el rechazo de la Ley Monsanto, para impulsar la constitución de una tramitación "fast track" de la Ley Monsanto, vía una Comisión Mixta", detallan los opositores a la polémica iniciativa que hoy se seguirá discutiendo.
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Desde la comunidad Quilpe López Colipe, Juan Ramón López, afirmó que este tipo de construcciones atentaría en contra de la cultura mapuche y el medio ambiente, detallando que impactará su "naturaleza, nuestro ngen, nuestros ríos se va generar un desequilibrio ambiental".
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El director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Irarrázabal dijo que "estas modificaciones tienen como objetivo asegurar una calificación ambiental técnica, transparente y eficiente, en coordinación con los organismos del Estado, además de fomentar la participación ciudadana".
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En un fallo unánime se acogió el recurso en contra de la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto: “Ampliación planta de secado y compactado de cloruro de potasio”, debido a que ésta se adoptó sin realizar una consulta a los pueblos originarios de la zona.
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La comunidad indígena Mon Fen de Quellón afirma que no se llevó a cabo la consulta indígena establecida por el convenio 169 de la OIT y además dicen que la construcción del viaducto es una grave atentado a sus creencias y que no quieren perder su condición de isleños.
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Tras una decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Los Ríos, la firma Endesa contará con 60 días para asegurar la correcta ejecución de participación de los pueblos originarios.
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Mientras la representante de la junta de regantes de Lluta, Gabriela Meza dijo la anulación de la calificación ambiental, "es un triunfo ciudadano, que demuestra que tenemos la razón"; el intendente Jose Durana, admitió que se trata de un revés y que estudian la alternativa de llegar a la Corte Suprema.
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