La consejera mapuche ante la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (Conadi), Ana Llao, opinó que "esto tiene un carácter netamente electoralista y para eso el pueblo Mapuche no se va a prestar. Desde SOS Huasco, Juan Carlos Labrín, indicó que la medida busca viabilizar proyectos energéticos en el país.
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Cuatro organizaciones indígenas de la VIII región acusan a la consultora Arcadis que lleva adelante el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto MAPA para Arauco de introducir datos "falsos". La firma replicó indicando que "toda la información es fidedigna y la denuncia es falsa".
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La acción que fue presentada el pasado 13 de septiembre por un grupo transversal de diputados de oposición, entre los que se cuenta a Osvaldo Andrade (PS), Felipe Harboe (PPD), Pablo Lorenzini (DC) y Guillermo Tellier (PC).
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El cuestionamiento apuntaba a 19 preceptos del texto legal. La decisión del tribunal estaría en estado de acuerdo y se prevé que en los próximos días será notificada a las partes involucradas.
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De ser admitida, luego viene un plazo de cinco días para decretar la admisibilidad del fondo del requerimiento, instancia en la que se fijarán las fechas para la vista de la causa en la que los abogados de los requirientes entregarán sus posiciones para que se resuelva el polémico asunto.
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Luego de que tras cinco meses de trabajo, la mesa de Consenso entre el Gobierno y representantes de los pueblos originarios, no lograra los acuerdos esperados por éstos últimos, ambas partes tendrán una última reunión en octubre.
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Los parlamentarios del PS, PPD, DC y PC plantean que se declare inconstitucional el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que fue publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto, pues violaría el principio de igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
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La acción judicial apunta a dejar sin efecto el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin consulta previa a los pueblos indígenas y fue interpuesta por el Consejo de Pueblos Atacameños, la Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huascoaltinos, y la dirigenta Claudia Paillalef.
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De esta forma se cumple con el acuerdo del gobierno con el PRSD, PPD, DC, RN y UDI, alcanzado durante la discusión del proyecto que establece un procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, en orden a sacar los puntos conflictivos a cambio de una aprobación en el Senado y la Cámara.
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El Ejecutivo apostó por este veto que debe ser respaldado por ambas ramas del congreso durante esta semana para publicar la ley a la brevedad.
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