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23 de Septiembre de 2013

Ultimátum de indígenas al Gobierno por convenio 169: Tendrán ultima reunión antes de acudir a la OIT

Luego de que tras cinco meses de trabajo, la mesa de Consenso entre el Gobierno y representantes de los pueblos originarios, no lograra los acuerdos esperados por éstos últimos, ambas partes tendrán una última reunión en octubre.

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Luego de que la Mesa de Consenso por el convenio 169, que reunió al Gobierno y las agrupaciones indígenas, no lograra los acuerdos esperados, éstos últimos se encuentran alistando su -anunciado-requerimiento ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La instancia que trabajó a lo largo de cinco meses, bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, buscaba definir una fórmula de consulta a los pueblos originarios para disminuir cualquier posibilidad de judicializar proyectos de inversión, consigna El Pulso.

Sin embargo, no se lograron acuerdos en tres artículos claves para los indígenas relacionados con cómo se ven afectadas las comunidades de cara a los proyectos, cuáles serán las medidas a ser consultadas y qué clase de proyecto deben someterse a los requerimientos de los indígenas.

En este contexto, representantes de diversas comunidades ya alistan una ofensiva a nivel internacional con miras a exigir, durante la segunda semana de octubre a más tardar, al Comité de Expertos de la OIT, en Ginebra, un pronunciamiento frente a las respuestas recibidas de parte del Ejecutivo.

Marcial Colín Lincolao, presidente de la Comisión de Consulta del Consejo Nacional de la Conadi, explica que “queremos que se cuestione la propuesta del gobierno para estos artículos, pero no sabemos si vendrán cambios”.

La apuesta de los indígenas apuntan a que todos los proyectos sean consensuados con anticipación, independiente de si la iniciativa debe presentarse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

“Si la OIT se pronuncia con respecto al Convenio 169 y a la propuesta que nos ha hecho el gobierno, para nosotros será una ganancia, porque puede decir qué le falta”, dice Colín Lincolao.

A su turno la representantes mapuche, Ana María Llao, sostiene que “no hubo consenso en los tres temas fundamentales del Convenio 169. No estuve de acuerdo con ese informe final, incluso el ministro (Bruno Baranda) aseguró que se había avanzado en 100% sobre el acuerdo, y sólo se avanzó en la mitad”.

Las comunidades se la juegan por fortalecer su postura frente al organismo internacional, de manera de llegar a su cita de octubre con los representantes del Ejecutivo con un borrador, y que los puntos en disputa se introduzcan en el Decreto Supremo que presentaría el presidente de la República y que debe ser visado por la Contraloría.

“Esa será la última instancia, porque recién ahí veremos si el texto irá a la Contraloría”, apunta Colín Lincolao, quien lideró la mesa de parte de los indígenas.

Desde el Gobierno, en tanto, optan por poner paños fríos al anuncio indígena. La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, comentó que “no necesariamente se iba a llegar a un acuerdo en todos los puntos. La mesa se cerró sin esos puntos acordados, lo cual no le quita validez al proceso. El Convenio establece que tiene que haber un diálogo y si no se logra acordar todos los puntos, el diálogo existió y existió de buena fe, que era lo importante”.

La pugna judicial y en el TC

Con todo, la situación ya se ve complicada. A principios de septiembre, los indígenas presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para dejar sin efecto el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin consulta previa a los pueblos originarios.

A esta acción se sumó la decisión de un grupo de parlamentarios del PS, PPD, DC y PC quienes el pasado 13 de septiembre solicitaron al Tribunal Constitucional que se declare inconstitucional el reglamento del SEIA que fue publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto. A su juicio, éste violaría la garantía constitucional que establece la igualdad ante la ley, en el caso del Tïtulo V, en particular lo relacionado con la consulta indígena.

Igualmente  estaría en contra de la ley lo relacionado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la preservación de la naturaleza, la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio ambiental.

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