De este modo, se confirmó la pena de 5 años de cárcel como autor de fraude al Fisco para el ex jefe de finanzas del MOP, Sergio Cortés. En tanto, el ex ministro Carlos Cruz fue condenado a 3 años de presidio.
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Los beneficiados son los ex soldados Liberato Díaz Castillo, Gustavo Álvarez Márquez, Gilberto Mora Quezada, Francisco Inostroza Jara, José Cabezas Isla, Félix Fonseca Gallegos, Víctor Umaña Salvo, Juan Millar Friz y Mauricio Castillo Silva.
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En la parte penal del caso, el 3 de agosto de 2010 la Corte Suprema condenó en un fallo definitivo como autores del secuestro de Radrigán al general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, a cinco años de prisión y a cuatro años a otros cinco oficiales de esa organización.
EFE
La decisión del Poder Judicial se produce luego que el ministro Jaime Solís se inhabilitara tras señalar que un familiar estaba involucrado en el caso, lo cual fue criticado duramente por María Teresa Johns, madre del joven.
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El 30 de noviembre pasado, el Primer Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda colectiva presentada por los estudiantes, por considerar que no se vulneró la Ley del Consumidor al ofrecer la carrera de perito criminalístico.
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El Servicio de Evaluación Ambiental debe enviar un borrador del acta y el acuerdo a los distintos ministerios que conforman el Comité de Ministros con el fin de emitir un pronunciamiento apegado a la ley, es la base para que los los equipos jurídicos de la empresa determinen los pasos a seguir.
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Durante la investigación, ningún familiar de Augusto Pinochet pudo ser imputado, debido a que el Servicio de Impuestos Internos nunca se querelló contra su viuda ni contra sus hijos.
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la Justicia justificó su medida consignando la inédita figura de daño emergente, hecho nunca antes ocurrido en casos de violaciones a los derechos humanos, además de determinar el pago de la cuantiosa cifra más intereses, por lo que la indemnización llegará hasta los 730 millones de pesos.
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El tribunal acogió lo solicitado por la defensa del imputado, quien señaló que la causa se mantiene paralizada a la espera de un dictamen de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional respecto a dar la identidad de los testigos protegidos presentados por el Ministerio Público.
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El máximo tribunal dio cuenta del actuar arbitrario e ilegal de las autoridades políticas al ordenar una nueva revisión de la concesión de beneficios, tras la asunción de nuevas autoridades, retrasando, en varios casos, la puesta en libertad de internos recluidos en recintos penitenciarios del país.
Cristián Meza