Asimismo, desechó las acusaciones de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de la ministra María Eugenia Sandoval ante supuestas infracciones a la ética por su participación en la tramitación de un recurso de protección de los empleados públicos en la Tercera Sala del máximo tribunal.
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Los habitantes de Totoral, principales afectados por la instalación del proyecto, consideran que su perjuicio no es factible de avalúo económico, ya que "vivir en un ambiente libre de contaminación no tiene precio".
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Dolmestch puntualizó que las palabras del jefe de gabinete "no constituyen una opinión de un poder del estado sobre otro. Ya que recordarán que el ministerio del Interior ha sido y es querellante en ese proceso, por lo tanto es la palabra de un interviniente".
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"Nosotros vamos a hacer lo que la Justicia diga, es un fallo de última instancia, entonces no tengo mucho más que hacer", dijo el edil de Providencia. Desde Coordinadora de Padres y Apoderados expresaron que Labbé tendrá que morderse la lengua y tragarse todos aquellos improperios que ha dicho.
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La decisión del máximo tribunal confirma el fallo de la Corte de Apelaciones que consideró arbitraria la medida de expulsión dictada por el establecimiento de la comuna de Providencia.
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Para el titular del FNE, Felipe Irarrázabal, el máximo tribunal del país "hará lo que tiene que hacer", agregando que tenía " tranquilidad en cuanto a su independencia.
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Las firmas buscan evitar el pago de la multa de US$19 millones que le impuso en enero pasado a cada una el TDLC, por coludirse en la fijación de precios de medicamentos.
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El diputado Accorsi sostuvo la necesidad de que la Intendenta renuncie "por haber reaccionado de esta manera, en contra de los intereses de la región que ella representa".
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La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por organizaciones ecologistas y ciudadanas, lo que se traduce en la detención del proyecto emplazado en la región de Aysén. En las redes sociales las reacciones no se dejaron esperar.
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El Instituto Profesional Santo Tomás de la ciudad de Temuco debe pagar una indemnización de 113 millones de pesos a 113 estudiantes.
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