La resolución del máximo tribunal del país ratificó lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había desechado las acciones cautelares que presentaron las comunidades de La Greda, Las Ventanas, Campiche, La Chocota, Horcón y Mallén contra la estatal.
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La supresión total de esta jurisdicción haría que casos como la muerte de Manuel Gutiérrez, joven abatido en Macul por un tiro presuntamente percutado por un carabinero, sea un fiscal del Ministerio Público quien lo indague y no un fiscal castrense como es el caso.
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En un principio, el SAG del Biobío había autorizado el cultivo de cannabis sativa con fines medicinales, sin embargo revocó la medida sin hacer una audiencia previa con los principales afectados.
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“Cualquiera puede tener una opinión, pero los magistrados actúan de acuerdo a la ley”, dijo el vocero del tribunal, Hugo Dolmestch, luego de que el Mandatario fustigara su labor por los beneficios que recibieron agresores de carabineros.
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La magistrada Sara Pizarro, acusada de emitir expresiones xenófobas y discriminatorias, llamó “llamitos” y “ratones de molino” a imputados de orígen indígena.
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La solicitud al Estado chileno llegó el pasado 27 de septiembre hasta la Corte Suprema. Posteriormente, y siguiendo el protocolo para estos casos, el Presidente del Poder Judicial, Milton Juica, instruyó a la PDI e Interpol para rastrear el posible ingreso del dictador y su familia.
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Se trata del actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Eduardo Fuentes Belmar.
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Por su parte, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh) estableció que “lo concreto que los tres poderes del Estado están de acuerdo en avanzar en la regulación de las uniones de hecho”.
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El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, afirmó que para el Ejecutivo el nombre del magistrado es el que reúne mayores consensos para ser ratificado por el Senado y ocupar el puesto dejado por la ministra Margarita Herreros.
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El máximo tribunal del país resolvió rechazar el recurso de queja interpuesto por el profesional Juan Pablo Bulnes, con el que pretendía impugnar la diligencia que se realizó el pasado 13 de abril en las oficinas del jurista.
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