El mayor (R) Patricio Cereceda alcanzó a estar tres años y nueve meses en reclusión en el penal Punta Peuco, de la condena a cinco años y un día por los cargos de cuasidelito de homicidio e incumplimiento de deberes militares.
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El vocero del máximo tribunal, Jaime Rodríguez, señaló que si bien no han tenido comunicación con el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, y no trataron el tema en el Pleno, la opinión de la mayoría es que el tema debe cerrarse para no generar más polémica.
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El vocero afirmó que el ministro Ribera explicará sus dichos hoy para precisar que no hubo ninguna doble intención. Agregó, eso sí, que los jueces "están vulnerando una situación que es importante", en relación a los desórdenes públicos.
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El presidente de la Corte Suprema replicó de esa manera las acusaciones realizadas por Teodoro Ribera, respecto a un actuar “garantista” de los magistrados en casos de desórdenes públicos y ataques a Carabineros.
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La resolución del máximo tribunal del país ratificó lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había desechado las acciones cautelares que presentaron las comunidades de La Greda, Las Ventanas, Campiche, La Chocota, Horcón y Mallén contra la estatal.
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La supresión total de esta jurisdicción haría que casos como la muerte de Manuel Gutiérrez, joven abatido en Macul por un tiro presuntamente percutado por un carabinero, sea un fiscal del Ministerio Público quien lo indague y no un fiscal castrense como es el caso.
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En un principio, el SAG del Biobío había autorizado el cultivo de cannabis sativa con fines medicinales, sin embargo revocó la medida sin hacer una audiencia previa con los principales afectados.
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“Cualquiera puede tener una opinión, pero los magistrados actúan de acuerdo a la ley”, dijo el vocero del tribunal, Hugo Dolmestch, luego de que el Mandatario fustigara su labor por los beneficios que recibieron agresores de carabineros.
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La magistrada Sara Pizarro, acusada de emitir expresiones xenófobas y discriminatorias, llamó “llamitos” y “ratones de molino” a imputados de orígen indígena.
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La solicitud al Estado chileno llegó el pasado 27 de septiembre hasta la Corte Suprema. Posteriormente, y siguiendo el protocolo para estos casos, el Presidente del Poder Judicial, Milton Juica, instruyó a la PDI e Interpol para rastrear el posible ingreso del dictador y su familia.
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